La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago confirmó las penas de 20, 15, 10 y 7 años contra los integrantes de una red dedicada a la trata de personas, lavado de activos y porte ilegal de armas.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).– A solicitud del Ministerio Público, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago confirmó la sentencia que impone 20, 15, 10 y 7 años de prisión a los procesados por integrar una organización criminal dedicada a la trata de personas agravada, el lavado de activos y el porte y tenencia ilegal de armas de guerra, vinculada al establecimiento Casa Blanca Night Club.
El tribunal también rechazó la solicitud de extinción de la acción penal presentada por Jolbert José Ramírez Palomo, a la cual se adhirieron otros procesados en un intento fallido por evitar las sanciones.
La corte eximió de las costas procesales al Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Juan Medina de los Santos; la abogada Ángela Díaz Vargas, en representación de las víctimas; el procurador general de corte Pedro Medina y el fiscal José Manuel Calzado, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos.
En su decisión, los jueces Wilson Francisco Moreta Tremols, Martha del Carmen Martínez López y Anelis del Carmen Torres Mago ordenaron que los acusados asuman las costas generadas por los recursos de apelación que ellos mismos interpusieron.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Santiago, desmanteló esta organización encabezada por Juan Antonio Fernández Fernández, responsable de explotar sexualmente a mujeres en el Casa Blanca Night Club y en una red de moteles de su propiedad ubicados en Santiago y La Vega.
Durante los operativos, fueron rescatadas 45 víctimas de explotación sexual.
Los recursos de apelación fueron desestimados, quedando confirmada en su totalidad la Sentencia Penal No. 371-04-2022-SSEN-00099, de fecha 23 de junio de 2022, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de Santiago.
Las condenas ratificadas por la Corte son:
- Juan Antonio Fernández Fernández: 20 años de prisión, multa de 175 salarios mínimos e indemnización de RD$14,000,000 a dos víctimas.
- Grismelda Acarilis Merejo Salas: 15 años de prisión y multa de 175 salarios mínimos.
- María Magdalena Batista Batista: 10 años de prisión y multa de 50 salarios mínimos.
- Jolbert José Ramírez Palomo y Jairo Rafael Correa: 7 años de prisión y multa de 75 salarios mínimos.
La red criminal captaba mujeres en Colombia y Venezuela, trasladándolas a Santiago, donde eran explotadas sexualmente. Algunas víctimas eran mantenidas bajo coerción, amarradas a las camas, multadas por retrasos o por no estar disponibles, y ofertadas a los clientes a través de catálogos fotográficos colocados en habitaciones de moteles propiedad de la organización.
