La mañana del domingo, el sacerdote Marcelo Pérez fue asesinado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, después de dar misa. Dos sicarios, que se desplazaban en motocicleta y cubrían sus rostros con pasamontañas, le dispararon mientras abordaba su camioneta, causándole la muerte de inmediato.
El asesinato del padre Pérez, un destacado defensor de las comunidades indígenas y crítico de la creciente violencia en la región, ha conmocionado al estado de Chiapas. Este crimen ocurre en medio de una ola de violencia que, en los últimos años, ha incrementado debido a la disputa territorial entre los cárteles del narcotráfico. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunció recientemente las amenazas del crimen organizado en la región.
Apenas el mes pasado, el padre Pérez había advertido sobre la crisis de violencia en Chiapas, durante una protesta en Tuxtla Gutiérrez. “La violencia no se aguanta, el pueblo se está levantando”, declaró, señalando que, a pesar de las amenazas constantes, él y otros sacerdotes decidieron permanecer junto a las comunidades.
Condena internacional
La muerte del padre Pérez ha desatado una oleada de condenas por parte de organismos nacionales e internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares al sacerdote, ante el riesgo constante que enfrentaba su vida.
“El padre Marcelo era un referente en la búsqueda de la paz, la verdad y la justicia para Chiapas; su pérdida es irreparable”, señaló la ONU-DH en un comunicado. Además, la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) expresó su indignación y exigió el cese de la violencia en el estado.
Por su parte, la Compañía de Jesús destacó el legado del padre Marcelo como defensor de la dignidad y los derechos de las comunidades indígenas. “Su compromiso con la justicia lo convirtió en un referente para quienes anhelan un futuro sin violencia”, afirmaron en un comunicado.
La violencia en Chiapas, agravada por la presencia del crimen organizado, continúa desplazando a miles de personas y generando una crisis de seguridad que, según múltiples organizaciones, el gobierno ha minimizado irresponsablemente.
