Un total de 951 personas perdieron la vida en los primeros seis meses del año tratando de llegar en embarcaciones precarias (cayucos) a costas españolas, es decir, una media de cinco cada día. Entre ellos se encontraban 112 mujeres y 49 niños y niñas.
El nuevo informe ‘Monitoreo Derecho a la Vida’ de la organización Caminando Fronteras, recoge como la más mortal de todas las rutas es la de las Islas Canarias, en la que fallecieron 778 personas, seguida de la ruta Argelia hacia Levante y las Islas Baleares (102) y la ruta del Estrecho (50).
El colectivo denuncia que mientras las cifras oficiales reflejan un descenso en el número de llegadas en patera, la mortalidad ha aumentado con respecto al mismo período del año pasado.
Así, en el último semestre los datos del Ministerio del Interior recogen que llegaron a España por mar 12.192 personas, un 4,17 % menos que en el mismo período de 2022. De esa cifra, 7.213 llegaron a través de la ruta canaria, donde el descenso fue del 18,5 %.
Caminando Fronteras ha contabilizado en estos seis meses 49 tragedias de pateras o cayucos con destino a España, más de la mitad (28) en aguas canarias. En 14 de estos casos las embarcaciones desaparecieron con todos sus ocupantes y no hubo ningún superviviente.
Los difuntos provenían, según la organización, de 13 países africanos y uno asiático: Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Gambia, Guinea, Etiopía, Islas Comores, Mali, Marruecos, República Democrática del Congo, Senegal, Siria, Sri Lanka y Sudán.
Duras críticas hacia España
Esta ONG, que avisa a las autoridades de la salida de estas embarcaciones vulnerables a las rutas del Mediterráneo occidental y el Atlántico, con el objetivo de salvar vidas, realiza un análisis en el que critica duramente tanto a España como a Marruecos.
Así, denuncia que el aumento de víctimas mortales (13 más que en el periodo anterior) se debe a que no se destinan los medios de búsqueda necesarios y las operaciones de rescate se activan en ocasiones con retraso.
También se critican las deficiencias en la cooperación de ambos países de los servicios de socorro. “En el caso de España y Marruecos, la coordinación no está basada en el derecho a la vida, sino en las negociaciones bilaterales de control migratorio”, dice el informe.
En este sentido, se menciona el naufragio de una lancha neumática ocurrida el 21 de junio al sur de Gran Canaria, en el que perdieron la vida 36 personas. Entonces, Salvamento Marítimo de España derivó el rescate a Marruecos, a pesar de tener una embarcación a tan solo una hora de navegación. Los efectivos marroquíes se demoraron casi 12 horas, cuando la barca ya se había hundido.
“España prima transferir la responsabilidad a Marruecos a la protección a la vida. Los servicios de rescate españoles estaban más cerca, con más medios y, a pesar de haberse podido evitar las muertes, se retiraron para que Marruecos asumiera la coordinación”, recoge este informe, que denuncia “omisión de socorro”.
La ONG también denuncia el “racismo institucional” que sufren los sobrevivientes por el trato que han recibido en ocasiones al llegar a costas españolas, así como el “sesgo racista” en el funcionamiento de los protocolos que no se activan para la búsqueda de víctimas cuando suceden tragedias.
“Esto solo se aplica a personas migrantes, no siendo así cuando otros colectivos, como pescadores o personas en yates de recreo, están en riesgo”, sostiene el documento.
El informe también documenta casos de vulneración de derechos humanos de las víctimas y sus familias. Así, recoge que las personas migrantes han sufrido “detenciones, desplazamientos forzosos, ataques físicos y retenciones” en aplicación de la ley de extranjería, además de la negación del derecho de búsqueda para los desaparecidos.
Por último, se alerta que muchas de las víctimas no sobrevivientes fueron encontradas enterradas en fosas comunes, con la ausencia de protocolos de identificación.
