El asesinato del fiscal César Suárez, quien estaba profundamente involucrado en la investigación sobre la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado en Guayaquil, ha sacudido la sensación de tensa calma que los ecuatorianos intentaban recuperar después de la reciente ola de violencia, atentados, secuestros y motines.
Testigos informan que el vehículo de Suárez fue alcanzado por cerca de una veintena de disparos en la tarde de este miércoles, mientras circulaba. El fiscal, reconocido por su labor en casos de corrupción en hospitales durante la pandemia y por abordar los episodios violentos del 9 de enero en varias zonas del país, había interrogado recientemente a los 13 detenidos vinculados a la toma armada del canal TC Televisión.
A pesar de la gravedad del caso y las imágenes impactantes que circularon mundialmente, Suárez había denunciado la falta de protección policial, que se confirmó en el momento del atentado. La Fiscalía admitió que no había escoltas porque la audiencia sería telemática, aunque el fiscal contaba normalmente con resguardo.
Familiares de Suárez, frente a la morgue de Guayaquil, afirmaron que lo “vendieron”. Según un familiar no identificado, Suárez fue instado a salir de su casa con una llamada inesperada, siendo seguido y atacado a corta distancia. El vehículo perseguidor fue encontrado incinerado en otra parte de la ciudad.
Este asesinato se produce en medio de la “guerra interna” declarada por el Gobierno contra las bandas criminales, evidenciando la vulnerabilidad de los funcionarios de justicia. En días previos, también fue asesinado un funcionario de prisiones en la provincia de Sucumbíos.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se encontraba en Miami cuando ocurrió el asesinato, habiendo viajado para conocer a su tercer hijo recién nacido.
Los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y de Interior y Gobierno, Mónica Palencia, expresaron en nombre del Gobierno su pesar por el atentado y reafirmaron su compromiso en la “guerra interna” contra el crimen organizado. Esta declaración sigue a la escalada de violencia de la semana pasada, que incluyó el asalto al canal de televisión y otros actos violentos.
Aunque la situación parecía calmarse y el presidente Noboa planeaba implementar un plan de “mano dura” para controlar las cárceles, dominadas por bandas criminales, la violencia resurgió con el asesinato del fiscal César Suárez. La fiscal general, Diana Salazar, asegura que este trágico suceso no detendrá la lucha de la justicia contra la delincuencia organizada.
