Santo Domingo.- El ministro de Energía y Minas (MEM), Antonio Almonte, afirmó que el proceso de transformación energética que experimenta República Dominicana con la incorporación de las energías renovables al sistema, permitirá al país ser más soberano, elevar la seguridad energética y depender menos de los combustibles fósiles contaminantes en la producción de electricidad.
Durante su participación en el Programa de Inversiones Climáticas del Caribe (CCIP), organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el ministro Almonte dijo que el desarrollo de proyectos renovables en la nación diversificará la matriz eléctrica nacional con una energía limpia y a menor costo de producción, lo que ayudará también a reducir las emisiones de carbono en el planeta.
“Nuestras peculiares condiciones geográficas y ser un destino seguro para la inversión extranjera nos permiten reconocer las ventajas de la transformación energética a partir de energías renovables y confiamos en que ese proceso será acelerado”, destacó Almonte.
El funcionario sostuvo que el Gobierno dominicano dispuso políticas de ahorro y uso eficiente energético en todos los órganos de la Administración Pública que se encuentran bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, a fin de fomentar una cultura de responsabilidad ambiental y energética en todo el país.
Al mostrar preocupación por los efectos del cambio climático, Almonte citó que asuntos a priori tan lejanos de la energía como el sargazo, influyen negativamente en la capacidad de generación de las plantas que están situadas en las zonas costeras del mar Caribe, cuyo efecto señala la necesidad de prestarle la debida atención a la mitigación del cambio climático.
En la actividad, que busca coordinar acciones para inversiones en energías renovables y mitigar el cambio climático en el Caribe, estuvieron Rebecca Latorraca, representante de USAID; Eric G. Postel, asesor principal de la administradora de la USAID; Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, y Milagros De Camps, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
El ministro Almonte estuvo acompañado del viceministro de Energía, Rafael Gómez, y el director de Relaciones Internacionales del MEM, Gustavo Mejía Ricart.
Santo Domingo, RD.- La Asociación de Abogados Dominicanos en los Estados Unidos (DBA por sus siglas en inglés) exhortó a la comunidad criolla radicada en esa nación a promover los valores nacionales en el exterior y destacó el aumento de profesionales del derecho provenientes de nuestro país y de ascendencia criolla en posiciones de importancia en instituciones gubernamentales y en el área privada en esa potencia norteamericana.
El presidente de la entidad, Jeffrey Saavedra, intervino este lunes en una ofrenda floral, en el Altar de la Patria, en el parque Independencia, que marcó el inicio de un amplio programa de actividades de una delegación de la DBA que visita el país hasta el próximo jueves para sostener reuniones y eventos académicos en instituciones del Poder Ejecutivo, judicial y universidades en Santo Domingo y Santiago.
Manifestó el interés de la DBA para que los dominicanos profesionales del área legal aprendan sobre el proceso de reválida del título de derecho en los Estados Unidos, y que el estudio del derecho anglosajón se convierta en una vía para el desarrollo y perfeccionamiento de la legislación nacional.
Además de Saavedra, la delegación que está en el país la integran Sharly Larios, vicepresidenta de la DBA; Jamell Isidor, pasada presidenta; Dannaliz Mieses, tesorera; Alexis Jesús Colón y Crismelly Morales, coordinadores del comité organizador; Stefano Pérez y Mayvel García, directores y Nathaniel Torres, consultor jurídico.
También los miembros Pablo Segarra, Luís A. García Segura, Alexandra Cordero, Jeanette Cepeda, Aaron Horth, Patricia García Pantaleón, Perla Jiménez, Nathiel Díaz Florentino, Kenny Castillo y Michael Fernández.
Avance de la comunidad dominicana
Más de 500 criollos forman parte de esa asociación en los Estados Unidos, y cada vez más jóvenes de nuestro país ocupan posiciones de liderazgo y altos cargos, lo que representa un crecimiento muy favorable de estos profesionales del derecho, a pesar de las limitaciones para los latinos.
Solamente el 10% de los abogados en los Estados Unidos son latinos y afroamericanos, y el 5% de las otras minorías, eso significa que el 85% de estos profesionales son caucásicos, números sumamente desproporcionados.
El programa de actividades de la delegación en RD
Los encuentros continuarán en la mañana de este lunes en el Palacio Nacional, con reuniones separadas de la delegación de la DBA con el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y en las 2 de la tarde, con la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, en la sede central del Ayuntamiento del Distrito Nacional.
A las 4 de la tarde está contemplada la firma de un acuerdo de cooperación interinstitucional con la Universidad del Caribe (Unicaribe), donde será inaugurada la colección de derecho estadounidense donada por la DBA, en la biblioteca de su campus principal.
Las actividades de este lunes concluirán con un cóctel de bienvenida ofrecido por la DBA a los integrantes de su delegación, a partir de las 6 de la tarde, en el hotel Real Intercontinental Santo Domingo, a la que están siendo invitados personalidades del área judicial y legal.
La jornada del martes 25 empezará a las 9 de la mañana, con una reunión en el despacho del director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; continuará a las 2 de la tarde, con encuentros con el Comité Legal de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana y del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), ambos en la torre Empresarial AIRD.
A las 5 de la tarde de esa misma fecha la delegación acudirá al despacho del ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, y a las 7 de la noche será impartida una conferencia sobre disputas comerciales internacionales, en Unibe.
Desde el miércoles 26, el programa de actividades será efectuado en Santiago, e iniciarán con una visita a las 2 de la tarde al Palacio de Justicia y a las instalaciones de la Jurisdicción Inmobiliaria, en esa ciudad.
A las 6 de la tarde está pautada una conferencia sobre propiedad intelectual en los Estados Unidos, en el auditorio del campus de Santiago de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).
El jueves 27 se llevará a cabo, a partir de las 10 de la mañana, trabajos sociales y entregas de donativos a niños de la comunidad Yagüita del Pastor, y concluirá con una recepción de despedida en el hotel Hodelpa Gran Almirante.
Sobre la DBA
Es una organización de profesionales y estudiantes del derecho, que apoya a los miembros latinos, en particular los de ascendencia dominicana, en su búsqueda de puestos más altos en la profesión jurídica y otras facetas de influencia en los Estados Unidos.
La DBA también se esfuerza por apoyar a la comunidad latina en general con talleres legales gratuitos denominados "Conozca sus derechos", así como proporcionando becas y tutorías a estudiantes de derecho, actividades de formación profesional para alumnos de secundaria y desarrollo de mentores con los mismos, entre otras iniciativas.
Fue fundada en Nueva York en la década de 1990 como la Sociedad Estadounidense de Abogados Dominicanos, por los jueces Rolando Acosta y Manuel Méndez, y la abogada Nurys De Oleo, entre otros, la DBA ha crecido exponencialmente. Actualmente cuenta con más de 500 miembros.
La ex vicepresidenta de la República, asesora presidencial y directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, podría ser dada de alta en las próximas horas, luego de recibir atenciones en la Clínica Abreu.
Ortiz Bosch visitó el centro médico el sábado a media mañana de manera preventiva, luego de sentir un estado de baja presión arterial, previo a asistir a dos reuniones que tenía en agenda, indica un comunicado.
Una nota de la doctora Corina de Jesús de Ramírez, emitida esta mañana, explica que la funcionaria y primera vicepresidenta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) "se ha mantenido estable", y que "su condición general es excelente".
Agrega que "es muy probable que sea dada de alta en las próximas 24 horas".
Ortiz Bosch es asesora del Poder Ejecutivo en materia de Ética, Transparencia y Anticorrupción y ha sido la primera mujer electa como vicepresidenta de la República.
Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 285-23, donde se establece una veda por 10 años, para la captura, matanza, recolección de huevos y comercialización de tortugas marinas.
Entre ellas, conocidas por su nombre común, están la tortuga verde, carey, guacamo y tinglar.
El referido decreto establece que se prohíbe la manufactura, comercio y venta de artesanías elaboradas con conchas de las tortugas ya mencionadas.
Asimismo, se instruye al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer los ajustes correspondientes en sus procesos internos para iniciar de inmediato al aplicación del presente decreto y notificar a la ciudadanía en general la prohibición dispuesta, en relación a las especies de la familia chelonidae y dermochelydae.
Santo Domingo – En el día de hoy fue promulgado el Decreto 282-23, mediante el cual el presidente Abinader dispuso de las herramientas legales necesarias para autorizar a la Dirección General de Pasaportes el uso de mecanismos ágiles y abreviados en la emisión del pasaporte de lectura electrónica de la República Dominicana.
En el referido decreto, el Poder Ejecutivo resalta que en su informe de evaluación, la OACI recomienda a la Dirección General de Pasaportes expedir pasaportes de lectura electrónica con el propósito de mejorar la seguridad en este documento de viaje, su expedición, el manejo de la identidad y el informe de la emisión de evaluación técnica para la República Dominicana.
El pasaporte de lectura electrónica, implementado por más de 110 países, es más confiable y seguro, de fácil mantenimiento y reemplazo que el actual pasaporte de lectura mecánica, con tecnología difícil de copiar debido al circuito electrónico de seguridad encriptado que tiene integrado, así como a los elementos biométricos para autenticar la identidad y ciudadanía del viajero. En virtud de ello el gobierno considera que se debe proceder de forma prioritaria a su emisión.
Igualmente se puso de relieve en el decreto emitido hoy, que el circuito electrónico encriptado que compone el pasaporte de lectura electrónica, junto a otras de sus características, dificulta su manipulación fraudulenta, por lo que evita ocultar la identidad de personas vinculadas a actividades ilícitas relacionadas al crimen organizado transnacional o al terrorismo.
Como puede observarse en su articulado, el decreto es reiterativo en que los procedimientos de contratación correspondientes, deberán realizarse acorde con las disposiciones de la Constitución de la República y la normativa vigente en la materia de contrataciones públicas. Del mismo modo se dispone que la Dirección General de Pasaportes deberá gestionar los procedimientos correspondientes a través del Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, que cuenta con un circuito diferenciado para estos procesos.
Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 281-23, donde se establece una veda por dos años, en todo el territorio nacional, para la captura, pesca y comercialización de las familias de peces herbívoros arrecifales.
Entre ellos, los peces loro, jabón, butú, cotorra, doctores, cirujanos, ángeles, mariposas, pepinos de mar y holoturias.
El presente decreto establece que nada más será permitida la recolección de las especies de holotúridos para fines de investigación o estudio científico solo en proyectos autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Asimismo, se reitera la prohibición permanente de la pesca de anguillidae (anguila rostrata), en todas las etapas de su desarrollo (incluyendo las angulas) y de cualquier otra especie de fauna dentro de las unidades de Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus zonas de amortiguamiento.
Además, prohíbe el uso, en todo el territorio nacional, de compresores de buceo para la pesca diurna o captura nocturna de especies acuáticas.
Santo Domingo. – El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, reiteró que el gobierno del presidente Luis Abinader está comprometido con la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas permanente.
En un comunicado oficial recordó que esta es “la primera administración en casi un siglo en decidir fiscalizarse a sí misma”.
Esto, luego de que la Contraloría General de la República publicara los resultados de auditorías realizadas a 18 instituciones del Poder Ejecutivo, lo que responde a “un ejercicio de transparencia sin precedentes”, que busca lograr un manejo pulcro de los fondos públicos y fortalecer el sistema de control interno de las instituciones.
A raíz de los resultados presentados, dichas instituciones han solucionado o están en proceso de solución de las faltas administrativas y procedimentales subsanables reveladas.
“Auditamos ahora y seguiremos auditando siempre, porque cada centavo debe usarse para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos”.
Manifestó que esta decisión representa un profundo cambio político en la cultura de secreto que corrompía la administración pública y que las instituciones auditadas, así como sus incumbentes salen más fortalecidos de este proceso.
“Nosotros creemos que la transparencia nos hace más eficientes, que rendir cuentas a los ciudadanos nos convierte en una democracia verdaderamente moderna e institucional; que identificar errores nos permite la valentía de la rectificación. Nosotros gobernamos sin miedo a la verdad”.
Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo dispuso la pensión de 98 locutores dominicanos y reajustó las pensiones de 10 mediante el Decreto 256-23, firmado por el presidente Luis Abinader en fecha 15 de junio del 2023.
El primer artículo del Decreto establece una pensión especial del Estado dominicano a estos locutores, por un monto de 35,000 mensuales.
En el mismo Decreto en su artículo 2 el Gobierno reajustó el monto de las pensiones a 10 locutores y en lo adelante devengarán un sueldo mensual de 35,000 pesos.
El referido Decreto establece que la Dirección de Jubilaciones y Pensiones tendrá un plazo no mayor de tres meses para hacer efectivo el pago de las pensiones, a partir de la fecha en que el pensionado haya tramitado su solicitud de inclusión a la nómina de pensionados.
Santo Domingo. – El Poder Ejecutivo promulgó este lunes 5 de junio la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). La norma, marcada con la numeración 34-23, había sido aprobada de urgencia por el Congreso Nacional y remitida a la Presidencia de la República el pasado jueves 1 de junio, para el trámite correspondiente.
El Poder Ejecutivo afirma, sin embargo, que, en la pieza aprobada por el Congreso Nacional, hay elementos que deben ser objeto de oportunas mejoras y reformulaciones. Pese a ello, en procura de beneficiar a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de manera robusta en el menor plazo posible, se procedió con la promulgación del instrumento legal, bajo el compromiso de asumir con prontitud las tareas pendientes en tan importante ámbito.
Esta labor de revisión parte del interés del Gobierno de garantizar a toda persona que presente cualquier tipo de discapacidad, ser beneficiario de los derechos que se desprenden de su dignidad humana, por lo que la regulación sobre la discapacidad debe atender a criterios de inclusión.
A tono con lo anterior, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo resaltó, al referirse a la norma promulgada, que le preocupaba la posible dispersión que ocasionaba frente al régimen general en materia de discapacidad, el cual habría salido más fortalecido con una modificación integral de la Ley núm. 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana.
También, lamentó que la nueva norma genera algunas redundancias y observó que el Poder Ejecutivo tendría que ser muy cauteloso en la labor reglamentaria para cuidar los procesos administrativos que la nueva norma diseña, pero sin la especificidad adecuada.
“El presidente Abinader, aun consciente de que el texto legal puede y debe ser mejorado, ha decidido proceder con la promulgación en procura de ofrecer a la ciudadanía afectada por esta condición la mayor protección posible”, señaló el Dr. Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Agregó que, sin embargo, “paralelamente a ello ha instruido a esta Consultoría Jurídica a conformar un equipo de expertos en la materia para abordar la labor reglamentaria y trabajar también en posibles iniciativas legislativas del Gobierno para que el fortalecimiento y la institucionalización no solo beneficie a los que padecen el Trastorno del Espectro Autista (TEA), sino a cualquier persona con discapacidad”.
Al explicar la posición del Poder Ejecutivo, Peralta Romero reconoció que la ley tiene elementos que redundan en beneficio de las personas con Trastorno del Espectro Autista, más allá de las posibles debilidades de diseño. Afirmó que en virtud de ello y en el mejor interés de este sector de la población, el presidente Abinader, en su empeño de proteger a la población afectada, ha decidido promulgar la norma.
“Desde el Gobierno estamos conscientes del desafío que implica para las familias dominicanas la crianza y cuidado de los niños con esta condición bajo las circunstancias actuales, por lo que asumimos el compromiso de fortalecer el marco legal que ampare y garantice el acceso a la educación sin restricciones o discriminación, a la salud, así como también a actividades recreativas y culturales, dentro de un ambiente sano, donde prevalezca el respeto a la diversidad y la inclusión”, concluyó.
Finalmente, Antoliano Peralta afirmó que, en el plazo de 120 días previstos por la Ley para el inicio de su ejecución, el Poder Ejecutivo tomará las medidas necesarias para que la ejecución de la norma se produzca en el marco de la seguridad jurídica y sin afectar negativamente a ninguno de los sectores que de manera oportuna colaboran en esta labor cívica.
La nueva norma tiene por objeto regular la atención, protección e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), mediante la protección y garantía de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades. Para ello, entre otras medidas, amplía el catálogo de principios concebido por la Ley 5-13, establece derechos particulares para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) e introduce nuevas reglas para la aplicación y coordinación interinstitucional en el marco de la atención, protección e inclusión de las personas afectadas por esta situación.
El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que espera firmar en las próximas semanas un acuerdo para regularizar los servicios de la plataforma digital para alojamiento de renta corta, Airbnb.
"No te puedo dar una fecha específica, pero, en menos de 30 días, nosotros firmamos", sostuvo, precisando que el acuerdo con el Ministerio de Turismo comprende condiciones para que la empresa pueda formalizar sus operaciones en la República Dominicana.
En el ámbito impositivo, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que el proyecto de reglamento que regula el procedimiento para la aplicación del Impuesto de Transferencia a Bienes y Servicios Industrializados (Itbis) ya está en manos del Poder Ejecutivo.
"Debo decir que, en ambos casos (la regularización y el reglamento), Airbnb es que ha venido y quiere regularizarse y estar de manera legal en República Dominicana", afirmó Collado.
Un acuerdo dilatado
Aunque desde la cartera de Turismo se ha establecido que hay una buena disposición, tanto de la empresa como de la institución para concretar un acuerdo, lo cierto es que ha sido un tema que ha estado pendiente desde el año pasado.
En agosto del 2022, Collado había informado a este medio que la regularización comenzaría en ese mes, evaluando las primeras medidas para regular cualquier negociación que involucre la renta corta de casas, apartamentos, cabaña u otros espacios hábiles para el alojamiento vacacional.
Luego, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2023), el ministro aprovechó el evento y comunicó sobre la firma de un acuerdo de intenciones, pero el definitivo sigue en espera.
Esto también ha pasado con el reglamento para la aplicación de Itbis a las empresas de esta naturaleza. Aunque la DGII desconoce cuándo el Poder Ejecutivo podría aprobar el reglamento (con la que se podrían recaudar hasta 3,000 millones de pesos) los detalles de la normativa fueron dados a conocer el 15 de febrero del año pasado
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó este miércoles la denominada "muerte cruzada", con lo que disolvió la Asamblea Nacional y podrá gobernar por decretos-leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores, según el decreto publicado este miércoles por la Presidencia de la República.
La medida se da un día después de que iniciará en la Asamblea Nacional un juicio político en su contra por su presunta participación en el delito de peculado, señalamientos que siempre han sido rechazados por el mandatario.
"He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo No. 741. Además, he solicitado al CNE la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos”, dijo el mandatario en cadena nacional a primera hora de la mañana de este miércoles.
La "muerte cruzada" es una figura legal que le permite al presidente disolver la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones, a fin de renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo. La medida, amparada por la Constitución ecuatoriana, permite que los poderes tengan la potestad de disolverse mutuamente por una sola vez en los primeros tres años de gestión presidencial, lo que activaría nuevamente elecciones generales.
El plazo para convocar elecciones es de 7 días y para realizarlas es de 90 días.
Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales.
Este martes, los legisladores iniciaron el debate de enjuiciamiento político contra Lasso, quien negó las acusaciones en su contra y dijo que el juicio tiene motivaciones políticas.
“He venido aquí para decir esto a mis acusadores: Yo los acuso. Los acuso de haber abandonado su papel de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república, porque no crean leyes, sino que las destruyen”, dijo Lasso a los legisladores.
La Asamblea Nacional de Ecuador suspendió este martes por la noche el debate sin llegar a una votación.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, anunció que el debate se reanudará este miércoles por la mañana y que la mayoría de los legisladores aún deben pronunciarse ante la Asamblea.
Santo Domingo. – El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, depositó este miércoles en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, el proyecto de ley para el fortalecimiento del sistema de justicia que crea el Ministerio de Justicia.
Se recuerda que esta iniciativa fue anunciada por el propio presidente Luis Abinader, el pasado 26 de octubre de 2022, durante el acto conmemorativo del 32° aniversario de FINJUS. Desde ese momento, desde el Poder Ejecutivo se coordinaron varias rondas de diálogo con los órganos del sistema de justicia y otras instituciones públicas, las escuelas de derecho de las distintas universidades del país, los representantes de gremios empresariales y la organización civil organizada, así como con un amplio grupo de abogados especialistas.
En su parte central, el proyecto crea y organiza la estructura y funciones del Ministerio de Justicia, el cual se configura como un órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia, la representación judicial y extrajudicial del Estado y la Administración Pública, junto con la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Sistema Penitenciario y Correccional.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo manifestó que esta iniciativa responde a la necesidad institucional que el país arrastra desde hace años de delimitar las atribuciones de persecución criminal, naturales al Ministerio Público, con respecto a ciertos servicios meramente funcionales y administrativos, tales como la gestión del sistema penitenciario, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación, al igual que el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales, funciones todas que deberían concernir más bien a un órgano creado para tales fines, como es el Ministerio de Justicia.
Agregó que dicho Ministerio formó parte de la estructura estatal dominicana durante los primeros 120 años de la República, con breves períodos de interrupción, desde la proclamación de la Constitución de San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, hasta la promulgación de la Ley núm. 485, el 10 de diciembre de 1964, última ocasión en la que se suprimió la referida institución.
De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco definió este proyecto como importante y trascendental.
Consideró que el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia cambiará la situación de ciertos aspectos que le son otorgados a la Procuraduría General de la República.
Acompañó al consultor jurídico parte del equipo que participó en la elaboración del proyecto de ley, incluyendo el subconsultor jurídico Pedro Montilla Castillo; el director de proyectos jurídicos especiales del Poder Ejecutivo, Noel Sued Canahuate, y la abogada Vianca Castillo.
Reintroducción del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia
Los representantes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo también depositaron ante la Cámara de Diputados la nueva versión del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, cuyo objeto es lograr la prevención, persecución y sanción de los delitos cometidos en detrimento de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como los cometidos mediante el uso de tales tecnologías en contra de personas físicas o jurídicas.
Se recuerda que el Poder Ejecutivo retiró de la Cámara de Diputados una primera propuesta del proyecto de ley, el pasado 4 de julio de 2022, con el propósito de que fuera estudiada por la comisión consultiva para la revisión y actualización de la legislación sobre la libertad de expresión, creada mediante el Decreto núm. 333-22.
La referida comisión recomendó eliminar de la versión original los artículos 17, 18 y 19, referentes a los ciberdelitos de discriminación, difamación e injuria, los cuales efectivamente quedaron fuera de la versión reintroducida el día de hoy.
Esta pieza legislativa derogaría de manera total la Ley núm. 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, la cual regula la materia en el presente.
SANTO DOMINGO: La Tesorería Nacional (TN) celebró diversas actividades para conmemorar el Día Nacional de la Ética Ciudadana, que incluyó un reconocimiento a la labor realizada por la doctora Milagros Ortiz Bosch como responsable de aplicar la Política de Transparencia del gobierno, así como una conferencia sobre la importancia de la integridad en la función pública.
Luis Rafael Delgado Sánchez, Tesorero Nacional, al leer placa de entrega a Ortiz Bosch precisó que la institución que preside reconoce a la funcionaria por contribuir a crear una cultura de transparencia en la administración pública como directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y Asesora del Poder Ejecutivo en materia de Ética, Transparencia y Anticorrupción.
La ex vicepresidenta de la República agradeció el gesto de su reconocimiento, y reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción en el Estado Dominicano.
“He sido cumplidora de deberes y exigidora de derechos. Este acto (el reconocimiento) indica la transformación que se está haciendo en la República Dominicana”, dijo Milagros Ortiz Bosch al dirigirse a los colaboradores de la TN en el marco del evento.
“El cambio, es un cambio extraordinario, que se traduce en un Estado más transparente. Lo más importante no es lo que he hecho, sino lo que queda por hacer”, afirmó la funcionaria al sostener que recibe el reconocimiento a nombre de ese esfuerzo realizado junto a su equipo de trabajo.
Mientras que Yovanny Díaz Mendoza, director del Departamento de Ética e Integridad Gubernamental, al impartir la conferencia sobre la importancia de la ética en la función pública habló de la integridad como elemento importante en la gestión pública.
Citó a Juan Pablo Duarte y a Francisco Ulises Espaillat como referente de honestidad en la sociedad, por el manejo pulcro y transparente en el ejercicio de sus funciones y reconoció los procesos de transparencia que ejecuta la Tesorería Nacional.
Dijo que las Comisiones de Integridad Gubernamental (CIGCN) busca transparentar el Estado Dominicano, pero sugirió redoblar el esfuerzo para seguir profundizando esos logros.
“Desde la DIGEI nos comprometemos para iniciar la búsqueda de las certificaciones ISO 31000, sobre Gestión Integrada de Riesgo y la 37000 y 37001”, sobre Gestión Antisoborno, concluyó su conferencia.
El encuentro incluyó la promoción de los valores de la Tesorería Nacional y entrega de brochurs que resalta la importancia de la integridad, transparencia, excelencia y compromiso en la función pública
El presidente Luis Abinader ordenó la implementación de una amplia política de ahorro y eficiencia energética en todos los órganos de la Administración Pública que se encuentran bajo la dependencia del Poder Ejecutivo.
Medida el decreto 158-23, el Poder Ejecutivo dispuso obligaciones para los pequeños y grandes consumidores estatales de energía eléctrica y la creación de un gestor energético para analizar y proponer los programas de ahorro de energía.
Gestor energético
La función del Gestor Energético será supervisar el uso eficiente y responsable de la energía eléctrica en las instalaciones de su institución y promover el ahorro energético. Para cumplir con estas responsabilidades, deberá llevar a cabo, entre otras, las siguientes actividades:
a) Realizar un inventario de los equipos y procesos eléctricos de la institución.
b) Identificar los principales consumidores de energía eléctrica y proponer medidas para optimizar su uso.
c) Coordinar y promover la ejecución de proyectos de eficiencia energética.
d) Realizar capacitaciones y sensibilización del personal en temas de ahorro y eficiencia energética.
e) Monitorear los consumos de energía eléctrica y generar reportes periódicos para la toma de decisiones.
Alumbrado público
El Ejecutivo dispuso que en todo sistema de alumbrado público a ser instalado por instituciones debe usar luminarias que incorporen tecnología LED (Light Emiting Diodes) o cualquier otro sistema libre de mercurio que garantice la máxima eficiencia. También se deberá primer la instalación de luminarias autosuficientes desde el punto de vista estratégica.
Transporte personal
El decreto 158-23 también dispuso que el servicio de transporte de personal, ya sea mediante vehículos propios de la institución o servicios de transporte contratados, deben ajustarse al criterio de transporte colectivo masivo y prohibió la utilización de vehículos con capacidad para menos de 5 pasajeros simultáneamente.
Campaña nacional
El presidente Abinader mandó en la orden ejecutiva que el Ministerio de Energía y Minas, en colaboración con sus instituciones adscritas, empresas distribuidoras de propiedad estatal y agentes del mercado eléctrico mayorista de propiedad estatal, diseñará una campaña que fomente la concienciación ciudadana acerca de los beneficios y la necesidad de adoptar una cultura de ahorro y eficiencia energética en la República Dominicana.
La ejecución de esta campaña será financiada por las entidades mencionadas en este artículo, según su disponibilidad presupuestaria.
Se ordenó la creación de una mesa de trabajo conformada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y el Ministerio de Educación (MINERD), para evaluar la viabilidad de inclusión de conocimientos en materia de ahorro y eficiencia energética en el pensum escolar y universitario.
”La meta de ahorno y eficiencia energética debe formar parte de los planes estratégicos y operativos de todas las instituciones o consumidores descritos en el artículo 2 del presente decreto, con sus respectivas partidas presupuestarias de acuerdo a los planes de ahorro y eficiencia energética definidos por cada institución”, señala el artículo 8.
Fuentes renovables
Con el objetivo de reducir la factura mensual de consumo eléctrico en las dependencias estatales y disminuir el uso de combustibles fósiles contaminantes en la producción de electricidad, se instruyó a las instituciones públicas a desarrollar y a aplicar un plan para la adquisición y utilización de paneles solares en la generación de energía fotovoltaica y en el funcionamiento de calentadores.
Santo Domingo.- El vocero de Presidencia, Homero Figueroa, informó que por disposición del Poder Ejecutivo, se suspende de manera provisional a Luz del Alba Jiménez Ramírez como vicecónsul en Barcelona, Reino de España.
La medida está contenida en el Decreto número 87-23 del 9 de marzo.
El también director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, hizo el comunicado a través de su cuenta de Twitter.
“El Presidente @luisabinader, atendiendo a la solicitud de la @DIGEIGRD, dispuso la suspensión provisional de la Sra. Luz del Alba Jiménez Ramírez como vicecónsul en el Consulado de la República Dominicana en Barcelona”.
Santo Domingo.- Como parte de las tareas de intercambio y consultas que, por instrucción del Presidente Luis Abinader, viene realizando la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo respecto al proyecto de ley para crear un Ministerio de Justicia, este 23 de febrero se efectuó en el Palacio Nacional un encuentro con abogados especialistas en Derecho Público, académicos, y representantes de diversos actores sociales de importancia.
La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo presentó el proyecto que impulsa el Presidente Abinader y comentó la evolución del texto a partir de las diferentes etapas del diálogo que se ha sostenido sobre el tema desde octubre de 2022. Se motivó la inclusión de varias propuestas, la reformulación orgánica de la propuesta preliminar y la importancia de la visión de actores diversos en el proceso.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que en acatamiento de la propuesta realizada por el mandatario, la consultoría ha venido socializando el anteproyecto de ley con los poderes públicos y órganos del Estado que se verán impactados por las competencias que se le atribuirán al eventual Ministerio de Justicia y con los gremios empresariales, así como también con la academia jurídica, representada por las principales escuelas de Derecho del país.
“Como resultado de este proceso consultivo, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo tiene a la fecha un anteproyecto de ley que configura al Ministerio de Justicia como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia”, expuso Peralta.
A esto agregó que, en fiel cumplimiento del principio de separación de poderes previsto en el artículo 4 de nuestro texto constitucional, se ha plasmado en el anteproyecto de ley que “el Ministerio de Justicia cumplirá su objeto sin interferir en la independencia de los demás órganos y entes del Estado que integran el Sistema de Justicia en el ejercicio de sus respectivas funciones”.
Viceministerios integrados al Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia quedaría integrado por los siguientes cinco viceministerios:
1) Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, que coordinará la atención y colaboración brindadas desde el Poder Ejecutivo al Sistema de Justicia.
2) Viceministerio de Representación Procesal, el cual coordinará, en los casos que corresponda, la representación del Estado y la Administración Pública en las sedes jurisdiccionales de su competencia, así como en los foros arbitrales y de otros medios alternativos para la solución de conflictos.
3) Viceministerio de Derechos Humanos, que coordinará el Sistema Nacional de Derechos Humanos contemplado en el anteproyecto, así como las políticas públicas en materia de derechos humanos. También instrumentará la respuesta a los requerimientos normativos, procesales y documentales de los organismos internacionales de derechos humanos.
4) Viceministerio de Políticas Penitenciarias y Correccionales, el cual coordinará el Sistema Penitenciario y Correccional junto con las políticas públicas penitenciarias y correccionales.
5) Viceministerio de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía, que coordinará la administración y certificación de los asuntos registrales asignados a su competencia, así como la articulación eficiente de los servicios a la ciudadanía bajo su cargo.
Luego de las palabras del Consultor del Poder Ejecutivo, varios profesionales del Derecho expusieron sus consideraciones a la iniciativa legislativa que tiene por objeto traspasar a un nuevo órgano las funciones de carácter administrativo que, en la actualidad, implican una carga para el Ministerio Público y para los órganos del sistema de justicia, a la vez que los desenfocan de sus funciones jurisdiccionales naturales.
En el encuentro participaron reconocidos abogados constitucionalistas, administrativistas, penalistas, así como antiguos integrantes de la judicatura nacional y extitulares de órganos del Estado.
Las sugerencias planteadas por los juristas serán ponderadas por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, de cara al depósito de la pieza legislativa el próximo 27 de febrero por parte del Presidente Abinader.
Al menos trece contratos de préstamos internacionales, por un monto global de más de 1,557.4 millones de dólares, están pendientes de ser aprobados en el Congreso Nacional.
De esa cantidad, siete fueron depositados por el Poder Ejecutivo durante la pasada legislatura extraordinaria y solo dos lograron ser aprobados en una y otra cámara durante ese periodo, por lo que no completaron el trámite legislativo.
Sin embargo, las sanciones favorables de esos préstamos no pierden vigencia como sí sucede con los proyectos de ley, conforme a la Constitución.
Entre la lista de siete contratos de préstamos sometidos durante la pasada legislatura extraordinaria, y que esperan ser sancionados en el Senado y en la Cámara de Diputados, figuran dos suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno por un monto de hasta 200 millones de dólares para ejecutar el Programa de Apoyo a la Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y otro, por hasta un monto de 38 millones de dólares, para financiar y ejecutar el programa de Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD- Trabaja. Ambos enviados a comisión en la Cámara de Diputados.
Otro préstamo sometido por el Poder Ejecutivo durante la pasada legislatura extraordinaria fue el suscrito por 140 millones de dólares para financiar y ejecutar el Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras.
Otro pacto
Además, se encuentra el convenio de crédito suscrito con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), por un monto de hasta 200 millones de dólares, para ser utilizados como soporte presupuestario en el marco del programa de Apoyo, Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en República Dominicana en la Fase II.
Asimismo, el Poder Ejecutivo sometió un contrato de gerencia de ingeniería entre la Canadian Commercial Corporation (CCC) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para la construcción, procura y suministro de bienes para el proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la Cañada Guajimía (Fase II). Dicho contrato asciende a US$168.5 millones.
Está pendiente de sanción en ambas cámaras un contrato de ejecución de obra y su adenda por más 101.3 millones de dólares para el diseño y ejecución del proyecto de ampliación Acueducto Oriental, Barrera de salinidad y transferencia a Santo Domingo Norte. Entre los financiamientos figura uno firmado, por hasta un monto de US$250 millones, para el proyecto de construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo.
Antes de la extraordinaria
Otros seis contratos de préstamos están pendientes de ser sancionados en el Congreso Nacional y fueron sometidos por el Poder Ejecutivo antes de la legislatura extraordinaria pasada.
Por ejemplo, la adenda IV al contrato para el Proyecto Múltiple de la Presa Montegrande y Rehabilitación y Complementación de Sabana Yegua con la que la obra aumentaría más de 41.1 millones de dólares, quedando en la suma 442.8 millones.
El costo original era de 401.7 millones de dólares. Dicho contrato fue aprobado en el Senado el pasado 18 de enero y está pendiente de ser conocido en la Cámara de Diputados.
En tanto que, fue sometida por el Poder Ejecutivo la adenda V del mismo contrato que aumentó el costo de la obra en otros 146.2 millones de dólares, con lo que el total se eleva a 589 millones de dólares. La adenda V fue depositada el 2 de noviembre pasado por el Poder Ejecutivo y aprobada en única lectura en el Senado este 1 de febrero. Está pendiente de ser sancionada en la Cámara de Diputados.
Más contratos
También, figura en la lista de iniciativas el contrato, suscrito por hasta 100 millones de dólares, para financiar el Programa de Apoyo a la Consolidación de un Sistema de Protección Social Inclusivo, que será ejecutado por la Dirección General del Programa Supérate.
El referido contrato, depositado el 16 de diciembre pasado, fue aprobado en la Cámara de Diputados el 10 de enero de 2023 y ya cuenta con un informe favorable en el Senado leído en el pleno el 14 de febrero pasado.
Otros tres préstamos, uno por 12.3 millones de dólares para el programa de resiliencia Prorural Joven; otro por 60 millones de dólares, para apoyo a la agenda de transparencia e integridad gubernamental y uno por 100 millones de dólares, para financiar el proyecto de Apoyo al Programa Nacional de Viviendas, completan la lista de endeudamientos pendientes de sanción congresual.
Santo Domingo.- Ya fue convocada para este jueves 23 de febrero la próxima reunión para dialogar sobre el anteproyecto de ley que crearía el Ministerio de Justicia. Se celebrará en uno de los salones del Palacio Nacional y fueron invitados abogados exclusivamente, con el propósito de validar la propuesta desde el punto de vista jurídico.
Adopción de sugerencias recibidas
A medida que ha ido avanzando el diálogo, el anteproyecto de ley se ha ido ajustando conforme a las observaciones presentadas por los sectores invitados al diálogo.
Se recuerda que, hasta ahora, la Consultoría Jurídica, además de haberse reunido con los principales órganos del sistema de justicia, ha presentado el anteproyecto de ley públicamente, en una ocasión ante todas las escuelas de derecho del país y en otra ocasión ante los gremios empresariales y la sociedad civil organizada relacionada al sector de la justicia.
La propuesta no se refiere al Registro de Títulos
El consultor jurídico aclaró que, contrario a lo afirmado por algunas personas, en ninguna de las versiones del anteproyecto trabajadas se ha contemplado el traslado de la Dirección Nacional de Registro de Títulos desde el Poder Judicial hacia el Ministerio de Justicia. Afirmó que se trata de un asunto que ni siquiera se ha planteado.
Si bien el borrador circulado, todavía en discusión, contempla la creación de un Viceministerio de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía, este no asumiría funciones relativas al Registro de Títulos, sino otras que en estos momentos recaen sobre el Ministerio Público, cuyos actuales incumbentes han mostrado interés en tales traspasos.
El consultor jurídico sostuvo que el anteproyecto es claro al señalar que este viceministerio “coordinará la administración y certificación de los asuntos registrales asignados a su competencia”. Dijo que se trata de funciones administrativas relacionadas con el registro y certificación de documentos oficiales y notariales, la tramitación de lo relativo a exequátur de abogados y el ofrecimiento de servicios a asociaciones sin fines de lucro y la ciudadanía en sentido general.
Aclaró que una institución registral que sí pasaría, entre otras, a formar parte de la estructura del Ministerio de Justicia es la Dirección de Catastro Nacional, la cual continuaría coordinando “el inventario de todos los bienes inmuebles del país, con sus características físicas, jurídicas y económicas, de conformidad con la ley sobre catastro nacional”.
Destacó que este órgano actualmente es parte del Poder Ejecutivo, al ser una dependencia del Ministerio de Hacienda, y no del Poder Judicial, como se ha insinuado erróneamente.
De aprobarse un proyecto de ley que reposa en el Congreso Nacional, la República Dominicana implementaría cambios en la ejecución de su política de seguridad nacional, con la creación de nuevos organismos encargados de desarrollar actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia.
Se trata de una iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo que vendría a crear la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), (en sustitución del Departamento Nacional de Investigaciones, actual DNI) y el Sistema Nacional de Inteligencia.
La pieza fue aprobada en el Senado en segunda lectura, y pasó a la Cámara de Diputados para su sanción. De ser conocida y refrendada antes de concluir la legislatura extraordinaria, que culmina el próximo 15 de febrero, sería ley.
El proyecto fue sometido al Congreso Nacional por el Ejecutivo el 22 de junio de 2021, pero perimió y luego fue reintroducido con una enmienda por el senador del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Milciades Franjul.
La propuesta establece que “se hace necesario precisar los objetivos y redefinir las funciones asignadas al actual Departamento Nacional de Investigaciones, reestructurando su organización interna y dotándola de herramientas que le permitan mayor eficiencia en sus acciones de inteligencia, las cuales deben sujetarse a controles que garanticen los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos”.
Bajo esos argumentos dispone que la DNI, como órgano centralizado del Estado, estaría destinada a proteger la seguridad nacional y regular lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia.
En consecuencia, integrarían el sistema de inteligencia, teniendo a la DNI como su órgano coordinador; las unidades militares J2, M2, G2 y A2, cuando desarrollen actividades para la seguridad nacional, y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dintel).
Asimismo, integra al sistema el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD; la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y organismos del Estado que
manejen información que pueda interesar a los fines de aplicar la ley o con capacidades técnicas.
¿Qué hará la DNI?
Con la aprobación del proyecto de ley, la DNI tendrá la misión de realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia para contrarrestar riesgo, amenaza o agresión a la Constitución de la República, las instituciones democráticas, la seguridad y la defensa de la nación.
En ese sentido, tendrá la responsabilidad de investigar a cualquier persona, grupos o asociaciones que traten de lesionar el Estado de derecho, independientemente de las acciones del Ministerio Público.
Se encargará de recopilar y procesar informaciones relevantes, evaluar amenazas de orden interno y externo, así como contrarrestar actividades de nacionales o extranjeros que representen peligro para la seguridad nacional, la paz social y la soberanía.
De igual modo, deberá prevenir los delitos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación, cuando ponga en riesgo el funcionamiento de las estructuras críticas y servicios, controlar el ingreso y salida de extranjeros, sin perjuicio de la Dirección General de Migración, entre otras.
De la nueva dirección
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) estará dirigida por un director nacional, el cual será designado por el presidente de la República.
Se encargará de asesorar al gobernante sobre planes y estrategias de seguridad alimentaria, ambiental, de salud pública, energética, cibernética, económica y financiera y cualquier otro asunto relacionado con la seguridad y defensa de los intereses vitales nacionales.
De igual modo, deberá adoptar medidas urgentes que sean necesarias para prevenir o contrarrestar actos inminentes de terrorismo o que atenten contra la seguridad nacional, la vida de las personas y la integridad de sus bienes.
Las sanciones
La propuesta legislativa también dispone que quienes oculten informaciones requeridas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), serán sancionados con prisión menor de dos a tres años y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público.
Además, aduce que serán castigados quienes incurran en la divulgación de informaciones sensibles, sometidas a secreto oficial de la DNI, y los usurpadores de funciones.
Venancio Alcántara, director general de Migración, se expresó este jueves en desacuerdo con que se acojan en la República Dominicana a los inmigrantes que están en condición irregular como se establecería en un proyecto de ley sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Alcántara, sin embargo, especificó que no ha leído la pieza legislativa por lo que la solicitó para emitir una posición más acabada al respecto. "Voy a estudiarlo y, tan pronto lo estudie, emito mi opinión", agregó el funcionario al ser abordado en el Altar de la Patria.
El Poder Ejecutivo depositó el pasado 12 de diciembre ante el Senado un proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, una nueva pieza que actualizará la aprobada hace casi 20 años.
El hecho de no contar con una pieza actualizada sobre el tema ha sido objeto de críticas a nivel internacional, sobre todo en el informe que anualmente emite el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El proyecto que se estudia en la Cámara Alta establece que los migrantes objetos de tráfico ilegal deberán recibir alojamiento apropiado y seguro dentro de los centros que establezca la Dirección General de Migración.
Además, de que sean repatriados a su país de origen o cual tendría domicilio conforme lo determine la Dirección General de Migración y en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Sobre que el proyecto de ley es inconstitucional, Venancio Alcántara señaló que él no es abogado para determinar eso y por eso no puede emitir una opinión al respecto.
El Poder Ejecutivo emitió el decreto 30-23 que permite la importación de armas de fuego de uso civil y sus respectivas municiones y partes por un periodo de seis meses.
La importación de armas es para el uso exclusivo de las empresas de seguridad privada debidamente registradas, según la presente disposición gubernamental.
El decreto 30-23, firmado la noche del 7 de febrero, deroga el 309-06, que desde hace 17 años prohibía la entrada legal de armas de fuego al país.
"Las gestiones para la tramitación de las licencias de importación de armas de fuego deberán ser realizadas por las empresas correspondientes de conformidad con el procedimiento y los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados", dice el decreto.
La pieza instruye al Ministerio de Interior y Policía a establecer, mediante resolución, la cantidad de armas de fuego que, durante el plazo previsto (seis meses), podrán importar las empresas registradas y autorizadas.
El artículo 4 dispone que al vencimiento del plazo de seis (6) meses quedará prohibida la importación de armas de fuego, partes y sus respectivas municiones para el comercio con particulares, hasta que el Poder Ejecutivo disponga lo contrario de conformidad con la ley.
La prohibición de importación de armas de fuego que se mantuvo en vigencia por 17 años dio lugar a la proliferación de armamentos de distintos calibres de manera ilegal en el país, procedente, sobre todo, de Estados Unidos y Haití, según dijo el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, en julio del 2022.
En el país hay alrededor de 500 empresas reguladas, pero operan otras 900 que no están formalizadas, de acuerdo con el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, general Francisco Miguel Corominas Sánchez.