Luego de colaborar con las investigaciones sobre el entramado de corrupción que, según el Ministerio Público, dirigió Alexis Medina -hermano del expresidente de la República, Danilo Medina-, cuatro de los acusados en la llamada Operación Antipulpo quedarían excluidos del proceso judicial y exentos de enfrentar penas carcelarias por su participación en esta presunta red de desfalco al Estado dominicano.
El exdirector de la Oisoe
En el caso de Francisco Pagán, exdirector de la de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acordó solicitar un juicio abreviado en el que se pedirá cinco años de prisión, a los que se les restarán los dos años y un mes de la prisión preventiva que ha purgado, y en los dos años y 11 meses restantes estará bajo la pena de prisión domiciliaria.
Pagán cumpliría esta pena especial en el apartamento que sería excluido del decomiso, ubicado en el Condominio Torre Residencial Alco Paradiso III, tras haber restituido al Estado de RD$10 millones, que ya fueron pagados en cinco partidas entre el 3 y el 8 de diciembre de 2021.
El exfuncionario también entregó en decomiso otro apartamento en el mismo condominio, un terreno de 3,399 tareas ubicado en el municipio Tamayo, provincia Bahoruco; y un jeep BMW X5, modelo 2017 color blanco.
Además, entregó de manera voluntaria RD$25 millones de un adelanto para la compra de una planta de agregados, propiedad de la empresa CEDEINSA, ubicada en Tábara Abajo, Azua.
El Ministerio Público pide que Pagán sea condenado al pago de una multa de un millón de pesos, y a una indemnización de RD$5 millones, pagadera a más tardar el primero de mayo de 2024.
Para este acuerdo, firmado el 14 de enero de 2023, Pagán aceptó la culpabilidad en los cargos de corrupción, asociación de malhechores, coalición y prevaricación, estafa, desfalco, tráfico de influencias, falseamiento u omisión, financiamiento ilícito de campañas políticas y lavado de activos.
Pagán está bajo prisión preventiva domiciliaria desde septiembre de 2021.
Los testaferros
Julian Esteban Suriel Suazo y Domingo Antonio Santiago Muñoz fueron acusados de servir de testaferros a través de varias empresas. Sus convenios con el Ministerio Público fueron rubricados el 8 de diciembre de 2022.
Suriel Suazo acordó un juicio abreviado para una condena de cinco años que computará los dos años y un mes de prisión preventiva y suspenderá el cumplimiento de los dos años y 11 meses restantes; periodo en que deberá residir en un lugar fijo, no viajar fuera de República Dominicana y testificar en el proceso judicial. También pagaría una multa de RD$200 mil y una indemnización de RD$2 millones.
Mientras que Santiago Muñoz sería favorecido con la extinción de la acción penal en su contra y entregaría en decomiso un inmueble en el condominio Fishing Lodge, en Cap Cana, Punta Cana, provincia La Altagracia.
El empleado de Edeeste
El cuarto y último acusado en establecer un acuerdo con la Pepca es Lewyn Ariel Castillo Robles, quien era analista de compras en la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).
Castillo Robles, quien admitió haber alterado procedimientos de licitación para compras de cables con el fin de favorecer a empresas relacionadas con Alexis Medina y recibir sobornos para ello, sería beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento judicial por un lapso de tres años, en los que deberá residir en un lugar fijo, abstenerse al consumo de bebidas alcohólicas, no viajar fuera del país y testificar en el proceso judicial.
Si cumple estas condiciones, cesará la acción penal en su contra que sería reanudada en caso de incumplimiento.
Su acuerdo también fue firmado el 8 de diciembre de 2022.
