En los asentamientos de la zona de Pamplona Alta, en el populoso distrito limeño de San Juan de Miraflores, se han acostumbrado a vivir cercados por los diez kilómetros de muro de hormigón rematado con alambrada que los separa de los peruanos más acaudalados del vecino distrito de Surco, donde se levanta la exclusiva urbanización Casuarinas, por cuyas casas de lujo con piscina, pistas deportivas y todas las comodidades se llegan a pagar varios millones de dólares.
En el lado de Pamplona Alta la estampa es otra. Las calles no tienen asfalto, los perros rebuscan en la basura y se rascan frenéticamente intentando en vano aliviarse el picor de las pulgas. No hay agua corriente ni alcantarillas, así que la gente orina y defeca en hoyos excavados en la tierra.
El muro se ha vuelto algo tan cotidiano en esta zona, donde cualquier noción de urbanismo brilla por su ausencia, que muchos vecinos lo han convertido en una más de las paredes de las casas que han construido irregularmente a lo largo de los años.
Muchos en Perú empezaron a llamarlo el “muro de la vergüenza”, como en su día se conoció al que dividió Berlín tras la Segunda Guerra Mundial, y así empezó a ser mencionado en los medios de comunicación.
El regreso a los titulares
La semana pasada -en medio de una tregua en las protestas en el país tras la salida de Pedro Castillo del poder, y que se retomaron este miércoles- una decisión judicial devolvió la expresión a los titulares, esta vez para referirse a otro “muro de la vergüenza” limeño, el que separa el distrito de La Molina y el de Villa María del Triunfo, entre los que también hay notables diferencias socioeconómicas.
El Tribunal Constitucional de Perú falló que la Municipalidad de La Molina debe demoler antes de 180 días el muro que levantó en su límite con el distrito de Villa María del Triunfo, formado en su mayoría por asentamientos humanos y viviendas informales.
El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, ponente de la sentencia que ordena la demolición del muro de La Molina, le dijo a BBC Mundo que su construcción “vulneró el derecho al libre tránsito de las personas, entre otros” y que “no puede ser que dividamos a los peruanos por clases sociales”.
Pero el alcalde de La Molina, Diego Uceda, aseguró que el muro cuenta con pasos habilitados para los vecinos de Villa María del Triunfo y busca proteger de las construcciones ilegales el Parque Ecológico de La Molina, un espacio de 200 hectáreas que “va a ser el pulmón verde que Lima necesita”. El alcalde no descarta llevar el asunto a los tribunales internacionales.
En un país en el que la desigualdad entre ricos y pobres y las quejas sobre el reparto de los frutos del crecimiento de los últimos años se han convertido en asuntos dominantes del debate público, barreras físicas como la de Surco o La Molina se han convertido en símbolos de la polémica.
No son nada nuevo. Y el que separa a los habitantes de Pamplona Alta de Surco no está amenazado por ninguna resolución judicial, ya que el recurso presentado ante el Constitucional solo se refería al de La Molina y es el único afectado por la sentencia.
Un sueño
En el asentamiento humano Nadine Heredia de Pamplona Alta, Julissa Paredes, sueña con que algún día el muro que la rodea a ella y a sus vecinos también caiga.
“Sin el muro se haría la luz. Ahora es como si no fuéramos personas, como si solo fuéramos rateros para la gente de plata del otro lado”, cuenta con uno de sus dos hijos en brazos.
Aunque el muro ha atraído la atención de los medios de comunicación, entre los pobladores hay opiniones encontradas.
Para Ofelia Moreno, que regenta un comedor popular aquí desde hace años, más que la demolición del muro, el reclamo principal es que se les dé el título de propiedad de las terrenos en los que se instalaron y se extiendan el suministro de agua y el alcantarillado a la zona.
Y Lidia Paredes cree que “si tiraran el muro los jóvenes podrían ver cómo viven los del otro lado y así preguntarse por qué ellos no pueden vivir así”.
Pero ver lo que hay al otro lado, por ahora, es imposible. Salvo que se haga como la cineasta Rossana Díaz Costa, que hizo volar un dron sobre el límite entre Surco y San Juan de Miraflores para filmar una de las escenas de su adaptación al cine de la novela “Un mundo para Julius”, de Alfredo Bryce Echenique, precisamente una de las obras que han abordado el problema de la desigualdad en el Perú contemporáneo.
La cámara aérea de Díaz Costa pudo captar el contraste entre las grandes casas con piscina y el verde de los jardines de la urbanización Casuarinas con los precarios ranchos de chapa levantados en el cerro seco del otro lado del muro.
Desde el otro lado
Desde la Urbanización Casuarinas, uno de sus vecinos que prefirió no dar su nombre contó al teléfono cómo se ven allí las cosas. “Cercar nuestra propiedad es nuestro derecho y es una decisión de seguridad que ha servido para que aquí tengamos muchos menos incidentes con la delincuencia”.
Además de por el muro, la urbanización está protegida por un perímetro de seguridad y los guardias que lo vigilan no permiten la entrada a nadie que no haya sido invitado.
Carmen Mevius, gerente general de la asociación de propietarios Casuarinas de Monterrico, aseguró en un correo electrónico que su muro se levantó para cumplir con las leyes que obligan a cercar terrenos privados sin construir y “por razones de seguridad, con el fin de que no sean invadidos o utilizados de forma que vaya contra la ley”.
Para Mevius, el muro, cuyos primeros tramos se comenzaron a levantar en la década de 1980, ha servido para proteger a las 15.000 familias que asegura viven de su lado.
Preocupación por un parque
La historia del muro de La Molina, el que ha ordenado demoler el Constitucional es algo diferente.
En el año 2002 la Superintendencia de Bienes Nacionales del Estado Peruano cedió a la Municipalidad de La Molina un terreno de más de 200 hectáreas, limítrofe con el distrito de Villa María del Triunfo, para desarrollar en él el Parque Ecológico proyectado.
Juan Carlos Zurek, alcalde de La Molina entre 2011 y 2018, explicó a BBC Mundo que la Municipalidad decidió después levantar allí un muro para delimitar los terrenos y protegerlos de los traficantes de tierras a la espera de contar con los recursos para ejecutar el proyecto, lo que hasta hoy solo se ha hecho parcialmente.
En Perú está extendida desde hace años la práctica del tráfico de terrenos, por la que grupos delictivos se apropian de terrenos públicos y luego los venden a personas o familias, a menudo de bajos recursos, que los habitan sin título de propiedad ni pagar impuestos.
Según Zurek, los responsables municipales temían que sucediera lo mismo con el suelo reservado al Parque Ecológico. “Sabemos que son áreas públicas y que deberían estar abiertos siempre, pero la realidad de Lima ha llevado a que los parques tengan unas zonas de entrada establecidas y un horario de funcionamiento”.
Para Candy Bernilla, que desde que perdió su trabajo de enfermera en un colegio a causa de la pandemia se gana la vida vendiendo refrescos a los ciclistas y senderistas que recorren las áridas cuestas del parque, la sentencia del Constitucional pone en peligro un espacio de recreo y naturaleza querido por sus vecinos. “Ahora no faltará la gente malintencionada que ponga aquí sus casitas y traiga la delincuencia y ponga a los niños a vender cosas y mendigar, y no queremos que eso pase en nuestro parque”.
Pero el magistrado Gutiérrez Ticse afirma que “la municipalidad puede establecer otros mecanismos de vigilancia del parque, como poner guardias, lo que no puede hacer es levantar un muro que impide circular”.
Sea como sea que termine el litigio en La Molina, en Casuarinas están tranquilos. Saben que su muro está a salvo. “El caso es radicalmente distinto. El muro de La Molina se encuentra en una propiedad pública; el de Surco es el cerco de un terreno sin construir de propiedad privada”.
