Pekín, China.– El Gobierno chino impuso sanciones contra seis entidades estadounidenses como respuesta a la reciente ampliación de una lista de Estados Unidos que restringe la entrada de productos vinculados con empresas acusadas de utilizar o beneficiarse de trabajo forzoso en Xinjiang.
La decisión entró en vigor este miércoles 5 de agosto y prohíbe a las organizaciones y personas ubicadas dentro de China realizar transacciones, mantener cooperación o desarrollar otras actividades con las entidades sancionadas.
Estas son las entidades sancionadas
El Ministerio de Comercio chino incluyó en su lista de contramedidas a:
- Applied DNA Sciences.
- Stratum Reservoir.
- Altana Technologies.
- Responsible Business Alliance.
- Verité Group.
- Human Rights in China.
Varias de estas entidades desarrollan trabajos relacionados con la trazabilidad de productos, la evaluación de riesgos laborales, el análisis de cadenas de suministro o la defensa de los derechos humanos.
Las órdenes publicadas por Pekín no contemplan expresamente congelación de activos ni prohibiciones de entrada al país. La medida anunciada se concentra en impedir transacciones y actividades de cooperación dentro de China.
Estados Unidos agregó 43 empresas chinas
La respuesta de Pekín se produjo después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos incorporara 43 compañías a la lista de entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur.
La ampliación, descrita por Washington como la mayor realizada desde la creación del listado, elevó a 187 el número total de entidades incluidas. Las restricciones comenzaron a aplicarse el 3 de agosto.
Las empresas agregadas operan en sectores como aluminio, textiles, cobre, algodón, productos derivados del tomate, alimentos congelados, oro e infraestructura de transporte.
¿Qué implica la lista estadounidense?
La legislación estadounidense establece una presunción de que los productos fabricados total o parcialmente en Xinjiang, o por entidades incluidas en el listado, están relacionados con trabajo forzoso.
En consecuencia, esos bienes no pueden ingresar al mercado estadounidense, salvo que el importador presente evidencias suficientes para demostrar que fueron producidos sin utilizar esa modalidad de explotación laboral.
El Gobierno estadounidense afirmó que las 43 compañías incorporadas obtienen materiales de Xinjiang o participan en programas vinculados con el traslado y la contratación de uigures y otros grupos étnicos.
Estas afirmaciones constituyen la justificación oficial de Washington para aplicar las restricciones. No representan una determinación judicial individual sobre cada empresa.
China rechaza las acusaciones
El Ministerio de Comercio chino calificó las sanciones estadounidenses como una violación del derecho internacional y una afectación a la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país.
Pekín rechaza que exista un sistema generalizado de trabajo forzoso en Xinjiang y sostiene que Estados Unidos utiliza los derechos humanos como argumento para limitar la competitividad de las empresas chinas.
Washington, organizaciones internacionales y grupos defensores de los derechos humanos han denunciado durante años detenciones, vigilancia, restricciones religiosas y programas laborales coercitivos contra integrantes de la comunidad uigur y otras minorías musulmanas.
Las autoridades chinas niegan esas acusaciones y presentan sus políticas en Xinjiang como programas de capacitación laboral, reducción de la pobreza y lucha contra el extremismo.
Nueva escalada comercial y tecnológica
Las sanciones forman parte de una nueva ronda de restricciones entre las dos mayores economías del mundo.
Además de las medidas contra las seis entidades, China anunció controles más estrictos para la exportación hacia Estados Unidos de drones, componentes y tecnologías relacionadas. La medida no constituye una prohibición absoluta, pero dificultará la obtención de licencias para determinadas exportaciones.
Washington, por su parte, ha ampliado sus restricciones sobre productos chinos por razones de seguridad nacional, derechos humanos y protección de las cadenas de suministro.
Pekín responde con controles de exportación, sanciones contra compañías estadounidenses y limitaciones para entidades que considera involucradas en políticas contrarias a sus intereses.
Aranceles amplían las tensiones
La disputa también se desarrolla dentro de un escenario comercial más amplio.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos impuso recientemente aranceles adicionales de entre 10 % y 12.5 % a productos procedentes de 60 socios comerciales, argumentando que estos países no aplican prohibiciones suficientes contra la importación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso.
Aunque esa medida no está dirigida exclusivamente contra China, contribuye a ampliar el alcance internacional de la política estadounidense sobre trabajo forzoso y cadenas de suministro.
China ha calificado los aranceles unilaterales como proteccionistas, mientras afirma que está dispuesta a mantener consultas con Washington bajo condiciones de igualdad y respeto mutuo.
La nueva ronda de sanciones evidencia que las diferencias entre ambos países ya no se limitan a los aranceles. También abarcan derechos humanos, tecnología, certificaciones industriales, drones y el control de las cadenas globales de producción.
