Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó el inicio del proceso de consulta pública sobre la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, con la presentación de los principales lineamientos preliminares que servirán de base para la actualización del marco legal vigente en el sector de telecomunicaciones en la República Dominicana.
A través de una comunicación disponible en el portal web de la institución y medios de circulación nacional, el órgano regulador invitó a los distintos actores del ecosistema de telecomunicaciones, así como a la ciudadanía en general, a revisar un borrador de las modificaciones a la ley elaborado por Indotel, dónde se resumen los criterios y orientaciones fundamentales de la propuesta de reforma. Así podrían remitir observaciones, comentarios y sugerencias que contribuyan a su fortalecimiento.
El período para el envío de aportes es desde este martes 23 de diciembre de 2025 hasta el viernes 30 de enero de 2026. Las opiniones pueden ser remitidas al correo electrónico consultapublica@indotel.gob.do, habilitado específicamente para este proceso participativo.
Los interesados pueden acceder al cuadro sinóptico a través de los canales oficiales del Indotel, como parte de un ejercicio de transparencia y apertura institucional que busca recoger visiones técnicas, jurídicas y sociales en torno a la transformación del sector.
La actual Ley General de Telecomunicaciones 153-98 constituye el principal instrumento normativo que regula el desarrollo, la prestación de servicios y la competencia en el sector de las telecomunicaciones en el país desde hace 27 años. Ante los avances tecnológicos, la convergencia digital y los nuevos modelos de negocio, resulta necesario adecuar este marco legal a las dinámicas actuales del mercado y a las demandas de los usuarios.
En dicho contexto, el órgano regulador de las telecomunicaciones impulsa este proceso de consulta pública como un paso previo a la formulación de una propuesta de reforma integral, alineada con las mejores prácticas internacionales, que garantice mayor eficiencia regulatoria, fomente la innovación, proteja los derechos de los usuarios y fortalezca la institucionalidad del sector.
