El Kremlin aceptó este viernes el desafío planteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “ver qué pasa en seis meses” tras la aplicación de nuevas sanciones contra empresas rusas.
El portavoz presidencial Dmitri Peskov declaró que Rusia está analizando las recientes restricciones y reiteró que las decisiones del Gobierno se adoptarán en función del interés nacional.
“Si Dios quiere, veremos qué pasa en seis meses. Vemos lo que está pasando ahora, lo que pasó hace un año, hace dos años. Y, si Dios quiere, veremos qué pasa en seis meses y en un año”, expresó Peskov ante la prensa.
El vocero subrayó que el país no actúa en contra de nadie, sino en su propio beneficio.
“Actualmente se están analizando las sanciones impuestas y anunciadas. Naturalmente, haremos lo que nos convenga. No actuamos en contra de nadie, sino en nuestro propio beneficio. Esto es lo que haremos”, añadió.
Las declaraciones se producen tras el anuncio de Washington, el pasado 22 de octubre, de nuevas sanciones contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, así como contra 34 filiales asociadas.
Por su parte, el presidente Vladímir Putin reconoció que las restricciones “son de carácter grave y tendrán ciertas consecuencias”, aunque descartó que provoquen un impacto significativo en la economía rusa.
“Ningún país ni pueblo que se respete toma decisiones bajo presión”, afirmó el mandatario.
En contraste, el expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, calificó las medidas adoptadas por la administración Trump como “un acto de guerra contra Rusia”, señalando que deterioran las relaciones bilaterales justo cuando comenzaban a mejorar.
Trump, por su parte, respondió a las críticas desde la Casa Blanca, insistiendo en que el tiempo demostrará el verdadero alcance de las sanciones.
“Me alegro de que él [Putin] se sienta así. Eso está bien. Hablaremos dentro de seis meses. Bueno, veamos cómo sale todo”, comentó.
Desde Moscú, el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que las sanciones occidentales no influyen en su política y que, a largo plazo, los propios países que las imponen son quienes sufren sus consecuencias.
