El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se reservó para este jueves 28 de agosto, a las 9:00 de la mañana, el fallo del juicio seguido contra los implicados en una presunta red que operaba dentro de la Procuraduría General de la República. Según las investigaciones, esta red se dedicaba a eliminar antecedentes penales de personas privadas de libertad y delincuentes, a cambio de sobornos.
El tribunal está compuesto por los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana, quienes deberán decidir sobre un caso que ha generado amplio interés público debido a la gravedad de las acusaciones, que apuntan a actos de corrupción y manipulación de registros oficiales dentro del sistema judicial dominicano.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó que varios de los imputados sean condenados a 10 años de prisión y al pago de 100 salarios mínimos del sector público. Entre estos se encuentran:
- Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel
- Dilcia Argentina Núñez Santos
- José Ramón Quezada Carmona
- Víctor Gilberto Mercedes Gómez
- Yokaira Elizabeth Carmona
- Romanqui Alexander Dotel Medina
- Luis Peña Cedeño, para este último, además, se solicitó la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de cinco años.
Respecto a Mártires Rosario Reyes, el órgano acusador pidió una condena de siete años de prisión, de los cuales tres años y seis meses sean cumplidos en prisión domiciliaria y tres años y seis meses sean suspendidos, conforme a lo establecido en el artículo 41 del Código Procesal Penal (CPP).
También se solicitó el pago de una multa equivalente a cinco salarios mínimos del sector público.
Para Alfredo Mirambeaux, el Ministerio Público solicitó ocho años de prisión, con seis años en prisión domiciliaria y dos años suspendidos, además del pago de cinco salarios mínimos.
En el caso de Rubén Darío Morbán, se pidió una condena de seis años de prisión, tres de ellos en prisión domiciliaria y tres suspendidos bajo el mismo artículo, así como una multa de cinco salarios mínimos.
En cuanto a Domingo Julio Santana, se solicitó una pena de cinco años de prisión, divididos en dos años y seis meses en prisión domiciliaria y dos años y seis meses suspendidos, también bajo el artículo 41 del CPP.
Para Luis Alfredo Astacio Polanco, el MP pidió una condena de seis años de prisión, con tres años en prisión domiciliaria y tres suspendidos, además del pago de cinco salarios mínimos. Estos últimos acusados llegaron a acuerdos con el Ministerio Público y admitieron los hechos ante el tribunal.
Asimismo, el órgano acusador solicitó la disolución definitiva de la empresa Nexcon Tecnology, constituida conforme a las leyes de la República Dominicana, en virtud de lo dispuesto en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
También se requirió el decomiso de todas las evidencias materiales presentadas durante el proceso, por haber sido utilizadas como instrumentos, efectos o productos del delito, conforme a la legislación penal y procesal vigente.
