Las nuevas políticas migratorias implementadas por el Gobierno para controlar a los extranjeros indocumentados se cumplen en el país, con una excepción: el cobro por servicios de salud aún no se aplica en el Hospital Municipal de Engombe, en Santo Domingo Oeste.
Entre la serie de medidas expuestas por el presidente Luis Abinader está el cobro de tarifas por servicios médicos, a fin de controlar la influencia de parturientas, niños y envejecientes haitianos.
El protocolo establecido dice que “El personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) debe exigir los siguientes requisitos a los extranjeros: una identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria; además, se acordará una tarifa para todos los servicios brindados”.
Esto implica que, sin importar su situación migratoria, los extranjeros no tienen que pagar por los honorarios de los médicos que les atienden, pero sí por los insumos utilizados en las atenciones médicas.
Un equipo se trasladó al Hospital Municipal de Engombe, donde evidenció ayer en la mañana una reducción de legales e indocumentados haitianos en el sanatorio, luego del despliegue en todo el territorio nacional de la Dirección General de Migración (DGM), pese a que, según informes de meses anteriores, registró que residentes del país vecino en su mayoría acudían al centro de salud.
Además, se constató que dentro y fuera del recinto hospitalario, agentes migratorios custodian el lugar.
Sin embargo, al consultar a algunos de los haitianos que visitaron el centro sobre el cobro por insumos, estos aseguraron que antes y después de haber adoptado la decisión no se les cobra nada.
“Yo vengo al hospital, me revisan la presión y tengo otras consultas médicas; yo no puedo decir nada, porque a mí no me cobran nada”, fueron las palabras de Manuela Alicien, una haitiana de 53 años.
Alicien reside en el país desde que cumplió mayoría de edad, según las leyes dominicanas. Cuenta que, a pesar de tener sus documentos al día, con frecuencia las autoridades la llevan a las oficinas migratorias.
Como evidencia, mostró a reporteros de este diario su pasaporte, cédula y otros documentos que acreditan que está legal en el país.
Indicó que tiene tres hijos y nueve nietos, quienes también son atendidos con regularidad en ese centro de salud.
Al referirse a las medidas adoptadas por el presidente Abinader, no las desaprobó, pero condenó la forma en que son ejecutadas desde los hospitales.
“Yo no me siento mal con lo que están haciendo (las autoridades), que se llevan a los haitianos para mi país, pero me duele, me duele mucho cuando una mujer tiene un parto natural o da a luz con cesárea y la suben a la camiona”, expresó consternada la señora.
Además, dijo que siente impotencia al no poder decir nada por el temor de que la envíen a su país.
Otro caso es el de un indocumentado, quien se encontraba en el hospital con su hermana, ambos mayores de edad.
Aunque declinó identificarse, también afirmó que luego de las medidas anunciadas por el gobierno, tampoco le cobran tarifario.
