(Sputnik) — Diputados oficialistas de Argentina presentaron ante el Congreso un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que fue sancionada en diciembre de 2020.
El texto, firmado por seis diputados de la coalición gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), impone penas de cárcel de tres a 10 años para los profesionales de la salud que realicen una IVE sin consentimiento de la mujer, y de uno a cuatro años para quienes lo hagan con su autorización. Los médicos, parteras, enfermeras y cirujanos que intervengan en un aborto también estarán inhabilitados a ejercer su profesión por el doble del tiempo de la condena que reciban.
Las mujeres que se provoquen un aborto o consientan que se lo hagan también pasan a ser castigadas con entre uno a tres años de reclusión, de acuerdo al texto presentado por el presidente de la bancada oficialista, Oscar Zago y otros cinco legisladores. El proyecto también elimina las sanciones para las autoridades que dilaten la realización del procedimiento. En simultáneo, el borrador de la norma contempla penas de cárcel para quienes practiquen un aborto, aun en casos de violación.
En los fundamentos presentados, los diputados afirmaron que "la ley no es constitucional, y contraría el sentir general del pueblo argentino y que no contempla la dignidad de la persona humana".
La IVE "no es más que falsificación al llamar al acto que es, lisa e indubitablemente, un aborto, por lo que fue claramente la intención la de confundir a partir de un eufemismo que lo único que persigue es hacer creer el reconocimiento por ley de un derecho al aborto, mientras que se está realmente ante el derecho a acabar con la vida de la persona por nacer", añade el oficialismo. Encabeza la firma del texto la diputada Belén Bonacci y la acompañan los legisladores Benedi Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, y Manuel Quintar, además de Zago.
El 20 de diciembre de 2020 fue sancionada en el Senado la ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, en un país que acumulaba 15 años de lucha para autorizar este derecho. La normativa, promulgada el 14 de enero de 2021, también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en los casos de violación, peligro de la vida o de la salud de la mujer gestante. Desde entonces, los hospitales públicos practicaron 245.000 abortos, según datos del Ministerio de Salud.
En simultáneo, las muertes maternas por aborto descendieron de 23 en 2020 a 13 en 2021, de acuerdo a la última información disponible. También hubo un descenso en la tasa de fecundidad adolescente, que pasó de 15,4 por cada 1.000 mujeres de 10 a 19 años en 2020, a 13,7 por cada millar en 2021.
Dentro de la región, Cuba, Uruguay, Colombia, Puerto Rico y dos Estados de México, además de Guyana, autorizan la interrupción voluntaria del embarazo.
