Dr. Isaías Ramos
Es desolador observar cómo el presidente, inicialmente elegido como un faro de cambio frente a dos décadas de saqueo, ahora contribuye a profundizar esos males. La clase política vende estos despropósitos como éxitos para el país, subestimando al pueblo.
El discurso manipulador y engañoso del presidente es una afrenta que no deberíamos tolerar. La opacidad en los detalles del contrato y las consecuencias a largo plazo, económicas, sociales o para la seguridad nacional, se presentan como una amenaza inminente si esta casta política logra sus objetivos. Estas negociaciones repiten el mismo patrón engañoso del pasado, como el “peaje sombra”, Barrick Gold 97-3%, Congentrix, entre otros, diseñados para robar y oprimir a nuestro pueblo.
Detrás del presidente, hábiles estrategas políticos manipulan la información para desviar la atención del impacto negativo de esta “renegociación”. La falta de transparencia es una estrategia para ocultar las verdaderas intenciones de saqueo en este abominable contrato.
Es imperativo que la población dominicana conozca las intrigas de esta controvertida renegociación. La forma engañosa de presentarla, etiquetada por el presidente como “un gran logro para el país”, según sus palabras, involucra entre 1905 y 2155 millones de dólares en ingresos e inversiones.
La información confusa de omitir la extensión por 30 años más generó malentendidos entre la población. La mayoría piensa que esos ingresos e inversiones son para el tiempo restante del contrato, que concluye en el 2030, y que los 775 millones son un adelanto de ese pago de más de dos mil millones. Nada podría ser más inexacto; los 775 millones de dólares no son un adelanto, sino el único pago que el Estado recibiría de manera adelantada por la extensión del contrato hasta el año 2060, es decir, el equivalente a la pírrica suma de dos millones de dólares mensuales por el usufructo de nuestros 6 aeropuertos. Los 830 millones son para las inversiones de infraestructura que usufructuará el concesionario, mientras que los otros 300 a 550 millones, en realidad, quedan suspendidos en el aire, siendo generalmente promesas incumplidas.
La irresponsabilidad del gobierno por lograr una reelección exitosa parece llevarlo a dar pasos desesperados que lo encaminan al fracaso rotundo. Presentar una propuesta tan indecente a un pueblo que ya no soporta más los abusos de esta casta política genera más indignación que frustración.
En el Frente Cívico y Social, rechazamos rotundamente cualquier forma de privatización, especialmente cuando involucra empresas extranjeras en infraestructuras vitales para la seguridad nacional, como nuestros aeropuertos. Esto no es más que un acto de traición a la patria.
Ni siquiera se ha examinado el artículo 50 de nuestra constitución, que prohíbe los monopolios, salvo en provecho del Estado, y permite al Estado otorgar concesiones según la ley, asegurando contraprestaciones adecuadas al interés público. ¿Dónde está el cumplimiento de la ley 340-06? ¿Dónde están los llamados a licitación? ¿Se burlarán de la constitución? ¿Pasarán por encima de la ley?
En el FCS entendemos que lo ético, legítimo, patriótico y moral es que las autoridades que sean elegidas por el pueblo en el 2028 son las que deben concluir el contrato vigente y retomar de manera soberana nuestros aeropuertos y rediseñar una política aeroportuaria que sea de bienestar para los intereses de la nación. Este acto aborrecible, que intentan imponer afectaría a las futuras generaciones debe ser repudiado por el pueblo dominicano.
Es inaceptable permitir de manera impune tal despropósito. Recomiendo a todos los que aman esta patria y sufren dolencias cardiacas que eviten leer este adefesio de contrato para no exponerse a un infarto.
En el FCS hacemos un llamado al pueblo para que comprenda la importancia de defender lo que le pertenece legítimamente y para que nunca más permita que esta clase política codiciosa y ambiciosa continúe empobreciéndolo y oprimiéndolo. Es crucial que, como pueblo, nos mantengamos vigilantes ante estas pretensiones de despojo. En última instancia, es nuestra responsabilidad proteger nuestro patrimonio.
