Dr. Isaías Ramos.
La concesión de nuestros aeropuertos es una sombra oscura que persigue al pueblo dominicano, una estafa monumental que deja cicatrices en nuestra historia. Retrocedamos en el tiempo y recordemos las palabras contundentes del respetado jurista Jottin Cury en 1999, cuando denunció el contrato propuesto con la empresa AERODOM como ‘una burla a los mejores intereses del país’.
En este día, la historia se repite, y lo hace con un anuncio inesperado del jefe de estado. Afirma dirigirse al pueblo ‘con gran entusiasmo y satisfacción’ por una supuesta renegociación del contrato del aeropuerto. No obstante, no podemos pasar por alto el hecho de que, una vez más, hombres de prestigio de nuestra sociedad son involucrados, intentando revestir de legalidad acciones que, en su esencia, carecen de sustentación.
El presidente ha elegido un escenario impactante para dirigirse a la nación, empleando frases elocuentes como ‘los contratos pueden ser renegociados, pero los intereses de los dominicanos son innegociables para este gobierno’. Sin embargo, confiesa que el Estado no ha recibido ‘ninguna remuneración’ desde la entrega de nuestros aeropuertos en 2000.
La magnitud de la indignación se incrementa al contemplar que un activo público, generador de más de 4 mil millones de dólares, no ha retribuido a sus verdaderos dueños, al pueblo dominicano. Parece ser que el único propósito de esta concesión es maximizar las ganancias, aplicando tarifas aeroportuarias exorbitantes que impactan directamente en los costos de los vuelos.
Las palabras resonantes de Jottin Cury en el pasado aún resuenan en el presente. Este contrato, según él, era ‘incalificable, elaborado con la intención de empobrecer el patrimonio de la nación’ y que provocaba ‘náuseas por ser leonino’. Pero no detengámonos solo en este contrato inicial; exploremos los addendum y prerrogativas que se añadieron, contraviniendo los intereses del pueblo dominicano. Recordemos la última extensión de vigencia del contrato por 5 años más, firmada el 22 de marzo de 2004, sin siquiera ser ratificada por el congreso. No olvidemos las resoluciones del 11 de agosto de 2017, que aumentaron el cargo por manejo de equipaje y la tasa a cobrar por pasajero de entrada y salida.
El Frente Cívico y Social (FCS) ha sido un eco constante, denunciando estas realidades. Cada vez que la élite política anuncia al pueblo acciones de éxito y bienestar, la realidad se desvela como verdaderos fracasos que traen consigo miseria y empobrecimiento. No permitamos que nuestro pasado devore nuestro glorioso porvenir ni justifiquemos las aberraciones del presente, especialmente cuando comprometen el legado que dejaremos a las futuras generaciones.
Si, como dice el presidente, ‘los intereses de los dominicanos son innegociables para este gobierno’, deberíamos cuestionar la ética y la moral de renegociar un contrato que aún tiene 7 años para vencer. No solo es una cuestión de legalidad, sino de responsabilidad y justicia hacia las generaciones venideras.
En el FCS, creemos firmemente que la defensa de los intereses colectivos debería ser una decisión tomada por las autoridades elegidas por el pueblo dominicano a partir de 2028. En ese momento, podrán debatir y decidir la manera y la forma de operar nuestros aeropuertos. Si optan por continuar concesionándolos, lo mínimo que deberíamos exigir es un proceso de licitación transparente, similar al método utilizado por Advent International cuando decidió vender sus acciones, coordinado por bancos de inversión de alto renombre como Crédit Suisse y J.P. Morgan.
En este llamado final, en el FCS instamos al pueblo dominicano a despertar y a defender vigorosamente los intereses colectivos. La protección de estos valores es esencial para garantizar un futuro próspero y justo para toda la nación.
