Los derechos de las personas LGTBI y de las mujeres están siendo uno de los focos del debate público en España cuando quedan poco más de tres semanas para la celebración de elecciones generales el próximo 23 de julio.
El miércoles, justo cuando se celebraba el Día Internacional del Orgullo LGTBI, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía dos recursos de inconstitucionalidad contra las normas que garantizan los derechos este colectivo y de las mujeres, y que han puesto a España en la vanguardia internacional.
Los recursos han sido presentados por el principal partido de la oposición –que encabeza todas las encuestas–, el conservador Partido Popular (PP), y por el ultraderechista Vox, que lucha por seguir siendo la tercera fuerza política en el Parlamento.
Contra la autodeterminación de género
El PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el pasado 20 de junio.
El recurso se dirige al núcleo de la autodeterminación de género, que supuso el gran avance de esta legislación al desterrar la patologización de las personas trans y que había sido ampliamente exigido desde el colectivo.
Así, el PP y Vox tratan de impugnar que cualquier persona mayor de dieciséis años pueda solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo, y que las que tengan entre 14 y 16 puedan hacerlo asistidas de sus representantes legales.
Asimismo, se recurre el artículo 44.3, que dice que “el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole”.
Además, también recurren la parte del articulado que estipula que una vez realizada la modificación registral, la persona pueda volverlo a corregir pasados seis meses.
Igualmente polémico es que el recurso se dirija contra varias acciones tipificadas como infracciones administrativas graves o muy graves, como la discriminación en negocios jurídicos a personas por su orientación o identidad sexual, expresión de género o características sexuales; o la elaboración, utilización y difusión en centros educativos de materiales didácticos, “que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana” atendiendo a esas características.
El portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha calificado de vergüenza que el mismo día de la celebración del Orgullo se haya conocido la interposición de este recurso. “Nos parece que es toda una declaración de intenciones de lo que pretende hace Feijóo, si tiene oportunidad”, declaró sobre la posibilidad de que el líder del PP se alce el mes que viene con la Presidencia del Gobierno.
Contra la interrupción voluntaria del embarazo
El partido de extrema derecha Vox, por su parte, ha recurrido ante el Constitucional la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Vox recurre la gran mayoría del texto, incluido el derecho al aborto hasta la semana 14 de gestación –que lleva vigente en el país desde hace 13 años– y que lo puedan ejercer las mayores de 16 años, sin necesidad de consentimiento de sus representantes legales.
Asimismo, impugnan la parte del articulado que se refiere a la obligación de las administraciones públicas de incluir el enfoque de género en el desarrollo de las políticas sanitarias, educativas y de formación profesional y sociales, recogiendo la educación afectivo sexual, la salud durante la menstruación y la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Se oponen igualmente a la investigación y recopilación de datos en materia de salud con perspectiva de género y a que se apoye a las entidades sin ánimo de lucro que actúen en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Por otra parte, recurren los apartados relativos al apoyo a la comunidad educativa, la educación para la prevención de las violencias sexuales, la educación menstrual, las campañas institucionales de prevención e información y la formación específica en el ámbito de las ciencias jurídicas, las ciencias de la educación y las ciencias sociales.
Además, el recurso también se interpone contra la eliminación de los requisitos de informar a la mujer solicitante de interrupción voluntaria del embarazo de los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, si ella no lo ha solicitado, y del periodo de espera tras la solicitud; así como la creación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia.
El feminismo y el colectivo LGTBI en el punto de mira
Las políticas feministas y los derechos del colectivo LGTBI están en el punto de mira de los partidos conservadores en el país, sobre todo en el caso de Vox, que está imponiendo sus condiciones al PP para apoyarles en los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, después de las elecciones regionales celebradas el pasado 28 de mayo.
El primer acuerdo alcanzado fue en la Comunidad Valenciana, donde el PP cedió una Vicepresidencia y las Consejerías de Agricultura, Cultura y Justicia, parece que tan solo a cambio de que no las ocupara el número 1 de Vox por Valencia, condenado por violencia de género.
De este modo, Llanos Massó, de Vox, ha sido nombrada con los votos del PP en la presidencia del parlamento regional. Diplomada en ciencias religiosas y activista antiabortista, hasta ahora sus preocupaciones políticas como diputada autonómica han sido la lucha por la libre elección de centro educativo, el pin parental, la obligación de poner banderas españolas en todos los colegios y la vigilancia de los libros escolares. Como ultracatólica, ha participado en altercados ante clínicas abortistas.
En las Islas Baleares, el acuerdo da la Presidencia de la Cámara legislativa regional también a Vox, que será ocupada por Gabriel Le Senne, negacionista de las vacunas y el cambio climático, que rechaza el aborto y la eutanasia y la existencia de la violencia de género.
“Las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene”, es una de sus frases, que estos días han circulado por redes sociales y medios de comunicación.
Como contrapartida, se asumen limitaciones a los derechos de las personas trans promoviendo la reforma de la ley regional y también la modificación de la ley de eutanasia, privilegiando los cuidados paliativos.
Más polémico aún ha sido el pacto en Extremadura, donde la líder del PP, María Guardiola, llegó a decir que no iría en alianza con un partido que niega la violencia machista y deshumaniza a los inmigrantes antes de recibir la llamada de Génova, la sede central de su partido.
Tan polémico ha resultado el cambio de opinión de Guardiola que se especuló con que el acuerdo no se cerraría hasta después de las elecciones generales, aunque finalmente el pacto ha sido anunciado el jueves.
En Aragón las conversaciones se han desbloqueado después de ceder la Presidencia del Hemiciclo a Vox, que ha recaído en Marta Fernández, cuya primera acción ha sido borrar sus perfiles en Twitter e Instagram, donde había vertido comentarios contra la violencia de género o ponía en duda el cambio climático.
Banderas LGTBI y concentraciones contra la violencia de género
En los Ayuntamientos también ha habido polémica. En Náquera, en la provincia de Valencia, el acuerdo alcanzado entre las dos formaciones conservadoras incluye la prohibición de las banderas LGTBI en balcones y fachadas de edificios municipales, y la sustitución de las concentraciones de “No a la violencia machista” por “No a la violencia” o “Condenamos toda violencia”, una generalización que no utilizan con la violencia terrorista, a la que sí conceden entidad propia.
Fuera de las instituciones otras actuaciones también han encendido las alarmas, como la colocación de una lona gigante en Madrid de propaganda electoral de Vox, bautizada en redes como ‘la lona del odio’, en la que se tiraban a la basura símbolos feministas y del colectivo LGTBI. La valla ha sido retirada por orden de la Junta Electoral, pero no por incitación al odio, sino por haber sido colgada antes del periodo estipulado de campaña electoral.
También en los últimos días se asistió a una gran polémica porque un policía detuvo un concierto por los actos del Día del Orgullo en Murcia cuando una cantante, Rocío Saiz, se quitó la camiseta y enseñó los pechos, acusándole de delitos que no están tipificados en el Código Penal.
Una interrupción de este tipo nunca se ha presentado, por ejemplo, cuando un artista varón se quita la camiseta, algo muy común. Finalmente el policía fue expedientado en medio de una ola de indignación, pero también con una parte de la ciudadanía que apoya su actuación, a pesar de ser ilegal.
El vuelco ideológico es ya un hecho en muchos municipios donde han comenzado a gobernar el PP y Vox, algo que se siente en la eliminación de numerosas Concejalías de Igualdad, una de las exigencias del partido de ultraderecha. Así, en muchos Ayuntamientos ha desaparecido o ha pasado a ser sustituida por la Consejería de Familia, con miembros de Vox al frente en la mayoría de los casos.
No es un cambio baladí, puesto que se trata de un departamento que gestiona ayudas para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, ayudas para combatir la violencia de género o las casas de acogida para mujeres maltratadas, entre otros recursos; además de los destinados para la lucha contra el racismo y la homofobia.
Estos cambios ya han sucedido en capitales de provincia como Toledo, Burgos o Valladolid, y en otros importante municipios como Talavera de la Reina, Orihuela o Elche.
