La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) celebra su XVIII Reunión en el país los días 20 y 21 de febrero, con varios encuentros en los que participan comisionados de España, Argentina, Colombia, Cuba, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Portugal, Chile y de la República Dominicana.
Los comisionados desarrollan una agenda que incluye sesiones de trabajo donde tratan temas relativos a los códigos de ética judicial, las nuevas tecnologías, la perspectiva de género en la aplicación de los deberes éticos, el lenguaje judicial y la motivación desde el punto de vista ético.
Durante su estadía, los magistrados y magistradas visitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina Peña, y a los integrantes del Pleno del Tribunal Superior Electoral. También, participaron de la puesta en circulación de la obra “Comentarios a los dictámenes de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial”.
Asimismo, previo a la visita de los comisionados, el magistrado Molina Peña recibió en su despacho a la magistrada María Thereza De Assis Moura, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, con quien conversó de diferentes tópicos de interés relativos a la agenda que desarrolla la Comisión en el país.
En el marco de estos encuentros, la jueza Thereza De Assis destacó la importancia de la reunión de la CIEJ en la República Dominicana, resaltando que en esta oportunidad se analizan dos dictámenes, un sobre la valoración que el juez debe tener en sus decisiones, de ser claro, preciso y conciso; y el segundo dictamen gira en torno a modificaciones del Código Iberoamericano de Ética, temas de género, no discriminación, jueces en las redes sociales, entre otros.
La magistrada Thereza De Assis indicó que, desde el punto de vista de la ética, el juez debe fundamentar bien sus decisiones. Detalló que la CIEJ hace dictámenes que sirven para orientar a magistrados en relación con la ética, “pero cuando realizamos el dictamen, siempre hay algún comisionado que se hace responsable de escribir, pero el resultado de dicho dictamen no es de nadie, es de la Comisión”.
Como parte de la agenda de trabajo de la Comisión, se realizará también un encuentro académico al cual están invitados jueces, juezas, servidores judiciales, juristas e integrantes de las principales universidades del país para conversar sobre temas relacionados a la ética en el sistema de justicia.
Los participantes en este encuentro son los magistrados Justiniano Montero, juez de la SCJ y director nacional de la Cátedra de Ética Judicial Manuel Ramón Ruiz Tejada; David Ordóñez, juez del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, España; la magistrada María Thereza Rocha de Assis Moura, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Brasil; los magistrados Eduardo Daniel Fernández, juez del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, Argentina, y Octavio Augusto Tejeiro Duque, juez de la SCJ de Colombia.
También, las magistradas Farah Maritza Saucedo Pérez, vicepresidenta del Tribunal Superior Popular de Cuba; Elena Martínez Rosso, ministra de la SCJ de Uruguay; Adelita Ravanales Arraigada, ministra de la Corte Suprema de Justicia de Chile; y los magistrados Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, juez de la SCJ de Costa Rica; y José Manuel Monteiro Correia, miembro de Consejo Superior de la Magistratura de Portugal.
Sobre la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial
De acuerdo con el artículo 83 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial tiene por objeto asesorar a los diferentes Poderes Judiciales y Consejos de la Judicatura Iberoamericana o a la propia Cumbre Judicial cuando los soliciten sus representantes. Asimismo, resolverá las consultas que comisionados o delegados formulen en torno a si el comportamiento de servidores públicos de órganos impartidores de justicia, respetan o no la Ética Judicial, así como cuando órganos de Ética judicial internos de cada nación hayan resuelto temas de esa naturaleza y se pida su opinión a la Comisión Iberoamericana.
La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial desarrolla una labor consultiva que se ha manifestado en la adopción de varios dictámenes relativos al desempeño por los jueces de sus funciones en diferentes ámbitos.
