La procuradora general Yeni Berenice Reynoso presidió el encuentro de trabajo del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito, en el que participaron el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, la procuradora adjunta Isis de la Cruz y el procurador de corte Jonathan Baró, titular de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público.
El objetivo central de la reunión fue alinear la operatividad del consejo con las disposiciones del nuevo Código Penal (Ley núm. 74-25), que entró en vigencia en agosto de 2026 y establece sanciones más severas y normas de cumplimiento para las empresas en materia de delitos económicos.
Resultados: seis años de operativos conjuntos
Entre 2020 y 2026, el consejo reportó la retención de más de 270 millones de mercancías ilícitas mediante 53,086 patrullajes y 759 allanamientos. El desglose incluye 132 millones de unidades de tabaco y sus derivados, 135 millones de medicamentos y sus derivados, 1.5 millones de botellas de alcohol y sus derivados, y 330 mil unidades de clerén y estimulantes sexuales.
Solo entre enero y septiembre de 2026 se retuvieron más de 95 millones de mercancías. En ese mismo período, 59 personas vinculadas al contrabando y al comercio ilícito fueron detenidas, de las cuales 13 han sido judicializadas.
Uno de los avances destacados en el área farmacéutica es el aumento significativo en el volumen de medicamentos retenidos: de 67,487 unidades en 2021 a 67 millones en lo que va de 2026. El consejo también subrayó que desde 2022 el país no registra fatalidades asociadas al consumo de bebidas alteradas o clandestinas.
Marco legal y nuevos instrumentos
Reynoso destacó que la República Dominicana cuenta con herramientas legales más sólidas para combatir este tipo de delincuencia, entre ellas la Ley de Extinción de Dominio (núm. 340-22), cuya primera sentencia está vinculada a un caso de comercio ilícito, y la Ley 155-17 contra el lavado de activos, precedente frecuente de esta actividad ilegal.
La titular del Ministerio Público propuso llevar el tema del comercio ilícito a la academia para profundizar en su análisis y reforzar la formación especializada. Advirtió que en algunas zonas del país este delito no se percibe con la gravedad que implica, pese a sus consecuencias en la salud pública, la competencia económica y el clima de inversión.
«Hay que desmontar una cultura, para que se llegue a entender que el comercio ilícito es grave, porque cuesta vida: cuesta salud, tiene una afectación económica, afecta a las empresas y si afecta las empresas va a afectar el clima de inversión, va a afectar el empleo, es un impacto de 360 grados», sostuvo Reynoso.
Compromiso interinstitucional y privado
El ministro Sanz Lovatón instó a las entidades miembros a mantener el seguimiento de los casos y la constancia en las acciones. «Este es un compromiso país, y estas estadísticas dicen que vamos por el camino correcto», afirmó.
El consejo también resaltó que la República Dominicana se mantiene fuera de la lista de observación del Informe 301 de Estados Unidos sobre Propiedad Intelectual, lo que refleja los avances en la protección de este ámbito.
En el encuentro participaron representantes del Ministerio de Salud Pública, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos, Proconsumidor y el Instituto Dominicano para la Calidad, junto a gremios del sector privado de las industrias tabacalera, cervecera, de rones, farmacéutica y de combustibles, entre otros.
