Por La Redaccuón, PaginaUno.Do
Santo Domingo, 21 de septiembre de 2026 – La revelación del presunto entramado de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha sacudido la conciencia colectiva del país. La Operación Cobra 2.0, dirigida por el Ministerio Público, ha puesto al descubierto un esquema en el que médicos habrían utilizado datos de afiliados para cobrar consultas y procedimientos que presuntamente nunca se realizaron. La indignación ciudadana crece, y la exigencia es clara: que caigan todos los involucrados, sin importar su posición o influencia.
El modus operandi: datos de afiliados, autorizaciones y facturas falsas
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, el mecanismo no consistía simplemente en presentar facturas irregulares. Según la investigación, los involucrados seleccionaban estratégicamente a afiliados con poco historial de interacción con SeNaSa, una característica que, según los fiscales, disminuía las posibilidades de que las operaciones fueran detectadas.
A nombre de esos asegurados se iniciaban solicitudes de autorización mediante el call center de SeNaSa y, después de conseguirlas, se completaba el proceso mediante facturaciones sustentadas, según la acusación, en documentación falsificada. El expediente sostiene que el esquema incluía un mecanismo para recibir, formalizar y presentar las reclamaciones y posteriormente distribuir los recursos pagados por la aseguradora.
Los nombres que aparecen en el expediente
El Ministerio Público identifica entre los médicos investigados a Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashel Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn De La Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Méndez De Medina, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Marcelino Eusebio Figuereo, Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Diclo Garabito, Luís Manuel Tejada Moreno y Rafael Mauricio Cabral González, entre otros bajo investigación.
Los fiscales sostienen que estos profesionales actuaron en asociación con Ángel Luís Guzmán Vásquez, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y otras personas investigadas.
Afiliados lo confirman: “Nunca recibí esos servicios”
Uno de los elementos más contundentes de la investigación son las entrevistas realizadas a afiliados cuyos nombres aparecían en las reclamaciones. En el caso atribuido al doctor Víctor Felipe Rodríguez García, al menos ocho afiliados contactados dijeron no reconocer los servicios médicos reclamados a SeNaSa a sus nombres.
La investigación señala que las auditorías permitieron detectar un patrón de consultas y procedimientos que presuntamente no fueron prestados. Situaciones similares aparecen vinculadas a otros profesionales. La afiliada Martha Isabel Mejía Ramos, por ejemplo, dijo no conocer a la ortopeda Martha María Saldaña Saldaña, pese a que en su historial aparecía una consulta especializada con ella. Además, manifestó desconocer a otros médicos investigados que también figuraban en su historial.
Otro afiliado, Rafael Aníbal Rivas, tampoco reconoció consultas y servicios que figuraban posteriormente con varios de los médicos investigados.
Peritajes del Inacif: firmas que no coinciden
El expediente incorpora además peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) sobre firmas colocadas en formularios de reclamaciones. En reclamaciones atribuidas a la doctora Yocaira Antonia Méndez de Medina, varios informes periciales determinaron que firmas colocadas a nombre de afiliadas no se correspondían con sus rasgos caligráficos. Una de ellas había sido paciente de la especialista durante su embarazo, pero negó haber recibido parte de los procedimientos posteriormente reclamados a SeNaSa.
El Ministerio Público sostiene que la combinación de autorizaciones, reclamaciones por servicios supuestamente inexistentes, documentación cuestionada y movimientos financieros revela un método repetido entre diferentes profesionales.
La sociedad exige que caigan todos
La indignación en la opinión pública es palpable. En redes sociales, ciudadanos de todos los sectores han expresado su rechazo al presunto entramado y han exigido mano dura contra todos los involucrados. “Que no se salve ninguno”, “esto es un robo al pueblo”, “la salud no se juega”, son algunas de las reacciones más repetidas.
La expectativa es que el Ministerio Público profundice la investigación y que ningún responsable quede impune, sin importar su posición, influencia o conexiones. La ciudadanía también demanda mayores controles en SeNaSa para evitar que este tipo de fraudes vuelvan a ocurrir, y que se recuperen los recursos defraudados al sistema de salud.
Presunción de inocencia
Los imputados conservan su presunción de inocencia y las imputaciones contenidas en la solicitud deberán ser probadas por el Ministerio Público durante el proceso judicial. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones y el patrón documentado en el expediente han generado una fuerte presión social para que la justicia actúe con celeridad y contundencia.
