Por: Wander Morales
En las últimas semanas, la oposición política ha levantado la bandera de la indexación salarial, exigiendo que los ingresos de los trabajadores sean ajustados automáticamente al costo de la vida. Un planteamiento que, en el papel, parece incuestionable: proteger el poder adquisitivo de las familias frente a la inflación. Sin embargo, lo que no dicen es que tuvieron 16 años en el poder sin trabajar para que ese mecanismo fuera una realidad institucional del país.
Durante esos años, las decisiones salariales quedaron sujetas a coyunturas políticas, dejando a la clase trabajadora expuesta a ciclos inflacionarios sin protección real. Ahora, cuando no administran el presupuesto ni enfrentan las consecuencias fiscales, pretenden presentarse como defensores repentinos del salario digno, olvidando que la responsabilidad también es garantizar la sostenibilidad financiera del Estado.
La verdad es sencilla: sin una reforma fiscal integral que contemple nuevos ingresos, mecanismos de compensación y una reestructuración del gasto público, ajustar salarios por decreto no es una solución, es un riesgo. La oposición sabe que la indexación sin respaldo puede disparar el déficit y comprometer servicios básicos como salud, educación y seguridad.
Por eso, más que discursos grandilocuentes, lo que el país necesita es voluntad política para aprobar los cambios estructurales postergados durante décadas. Defender el salario de la gente no puede convertirse en una consigna populista para manipular emociones; debe ser una política pública seria, responsable y sostenible.
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Artículo de opinión por: Wander Morales
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