La justicia y la pobreza son incompatibles. La primera elimina a la segunda, como la luz a la oscuridad. Ciertamente, donde hay justicia no hay pobreza, porque esta es hija de la injusticia. Si reina la injusticia todo se corrompe y saca lo peor de las personas, o sea, sus bajos instintos y pasiones desmedidas.
Así las cosas, la sociedad se transforma en un pantano de aguas putrefactas. Solo genera bichos, sabandijas y demás alimañas humanas.
La injusticia siempre es social, económica y política. Por tanto, es sistémica, estatal, institucional u orgánica. Es en estos ámbitos en que se incuba ese flagelo, aunque para los menos visionarios se manifieste en aspectos individuales.
Esto así porque como es arriba es abajo y viseversa, en una interdependencia de influencias recíprocas hasta el infinito. Y, en todo momento, esto va con aquello y aquello va con esto.
Así es. Tan simple y complejo a la vez. Hasta el grado que Confucio nos enseñó que donde hay justicia no existe el hambre.
La pobreza enajena al ser humano y lo reduce a la condición de no persona ante la mirada de los que propician la miseria social. Y luego se contaminan de aporofobia crónica.
Además, la existencia de altos niveles de pobreza plantea un desafío para el sistema de justicia, ya que la igualdad ante la ley solo puede hacerse efectiva cuando todas las personas cuentan con oportunidades reales para ejercer sus derechos. De lo contrario, la justicia es un privilegio reservado para quienes poseen mayores recursos económicos.
La pobreza no se limita a la falta de ingresos. También implica dificultades para acceder a una educación de calidad, a servicios de salud, a una vivienda digna, a un empleo estable, etc. Estas carencias generan situaciones de vulnerabilidad que afectan el desarrollo personal y limitan la participación ciudadana.
En muchos casos, quienes viven en condiciones de pobreza encuentran obstáculos para recibir asesoría legal, presentar denuncias o defender sus derechos fundamentales ante los tribunales. Una sociedad verdaderamente justa debe garantizar que todas las personas tengan acceso a la justicia sin importar su condición económica.
Recordemos que eso requiere de instituciones transparentes, independientes, eficientes, eficaces y comprometidas con la protección de la dignidad humana y demás derechos fundamentales.
Sabemos que es indispensable fortalecer los servicios de asistencia jurídica gratuita, promover la educación cívica y eliminar las barreras económicas, culturales y geográficas que impiden a los sectores más vulnerables hacer valer sus derechos. La justicia social no se debe detener en ningún momento.
De esa manera se hará que la justicia entre por la puerta y que la pobreza salga volando por la ventana.
