El sistema de protección infantil define el proceso que siguen los niños en situación de abandono.
Santo Domingo. – Cuando un menor es abandonado en República Dominicana, su destino queda bajo la responsabilidad del Estado, a través de un sistema legal y social diseñado para garantizar su protección integral.
Primer paso: intervención de autoridades
Al detectarse un caso de abandono, las autoridades —como la Policía, el Ministerio Público o servicios sociales— deben intervenir de inmediato para resguardar al menor.
Posteriormente, el niño es remitido al sistema de protección estatal.
Rol clave de CONANI
El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) es la institución encargada de asumir estos casos y garantizar el bienestar del menor.
Este organismo coordina acciones como:
- evaluación del entorno familiar
- protección inmediata
- seguimiento del caso
Protección legal del menor
Todo el proceso se rige por la Ley 136-03, que establece el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en el país.
Esta normativa garantiza derechos fundamentales como:
- acceso a salud y educación
- protección contra abuso y negligencia
- desarrollo integral
¿Dónde permanece el menor?
Dependiendo del caso, el niño puede ser:
- reintegrado a su familia, si se corrigen las condiciones de riesgo
- entregado a familiares aptos
- ubicado en hogares de paso o centros de acogida
- considerado para adopción en casos extremos
El objetivo principal es siempre proteger el interés superior del menor.
Un delito con consecuencias
El abandono infantil está penalizado en República Dominicana.
Quienes tienen la responsabilidad del cuidado de un menor y lo abandonan pueden enfrentar sanciones legales, incluyendo prisión y multas.
Un problema social persistente
Expertos señalan que el abandono de menores está ligado a factores como pobreza, falta de educación y debilidad institucional, lo que hace necesario fortalecer las políticas públicas.
Protección como prioridad
La ley establece que el Estado, la familia y la sociedad tienen la obligación de garantizar el bienestar de los niños, colocando siempre su interés por encima de cualquier otra consideración.
