Desde las primeras horas de la mañana, Costa Rica celebra este domingo una nueva jornada electoral en la que la ciudadanía está llamada a elegir al próximo presidente de la República y a renovar por completo el Congreso unicameral, conformado por 57 diputados, en lo que constituye uno de los procesos democráticos más relevantes del país centroamericano.
De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), los centros de votación abrieron a las 6:00 de la mañana y permanecerán operativos hasta las 6:00 de la tarde, en un proceso que se desarrolla en todo el territorio nacional bajo un amplio dispositivo logístico y de seguridad.
Más de 3.7 millones de ciudadanos están habilitados para ejercer el voto, utilizando dos papeletas: una correspondiente a la fórmula presidencial —presidente y dos vicepresidentes— y otra destinada a la elección de los miembros de la Asamblea Legislativa para el próximo período constitucional.
En la contienda presidencial participan al menos 20 aspirantes que buscan suceder al actual mandatario, Rodrigo Chaves, quien no puede optar por la reelección, conforme a la legislación electoral costarricense. El sistema establece que un candidato podrá resultar electo en primera vuelta únicamente si alcanza al menos el 40 % de los votos válidos; de lo contrario, los dos candidatos más votados deberán enfrentarse en una segunda ronda prevista para el 5 de abril.
El TSE informó que el padrón electoral para estos comicios asciende a 3,731,788 personas, lo que representa un incremento de más del 4 % respecto a la última elección nacional. Un dato relevante del proceso es que cerca del 44 % del electorado tiene entre 18 y 39 años, consolidando a los jóvenes y adultos jóvenes como un segmento determinante en la definición de los resultados.
Las elecciones también incluyen el voto de más de 67,000 costarricenses residentes en el extranjero, quienes podrán sufragar en consulados habilitados en más de 40 países, principalmente en Estados Unidos, España, Canadá y otras naciones de Centroamérica.
El proceso electoral se desarrolla en un contexto marcado por crecientes preocupaciones ciudadanas relacionadas con la seguridad pública, el desempeño económico y la gobernabilidad, especialmente ante el aumento de la violencia vinculada al crimen organizado y al narcotráfico, un fenómeno que ha generado alarma en un país históricamente reconocido por su estabilidad y tradición democrática.
