Nueva York.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, junto a altos funcionarios de su gobierno, familiares directos y líderes criminales, por su presunta participación en una conspiración de narcotráfico y narco-terrorismo destinada a introducir grandes cantidades de cocaína en territorio estadounidense.
Según la acusación presentada ante un gran jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York, las autoridades estadounidenses sostienen que, desde al menos 1999 hasta 2025, Maduro y sus coacusados habrían utilizado su poder político, militar y diplomático para facilitar el envío de cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, en coordinación con organizaciones criminales transnacionales y grupos catalogados como terroristas
Entre los acusados figuran Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior de Venezuela; Ramón Rodríguez Chacín, exministro; Cilia Adela Flores de Maduro, esposa del mandatario; Nicolás Ernesto Maduro Guerra, su hijo; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua.
La Fiscalía alega que la red operaba en asociación con grupos como las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el propio Tren de Aragua, facilitando rutas marítimas y aéreas desde Venezuela hacia el Caribe, Centroamérica, México y, finalmente, Estados Unidos.
De acuerdo con el documento judicial, las autoridades estadounidenses estiman que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela, protegidas por estructuras estatales y militares corrompidas, en un esquema conocido como el denominado “Cartel de los Soles”.
La acusación incluye cargos por conspiración de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión y uso de armas de guerra, y confiscación de bienes, con penas que podrían implicar cadena perpetua en caso de condena. El Departamento de Justicia subrayó que el proceso judicial continuará conforme al debido proceso y que los acusados gozan de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
