SANTO DOMINGO.– A solicitud del Ministerio Público, un juez de la Oficina de Atención Permanente impuso 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Servicio Nacional de Salud (SeNaSa), y otros seis imputados en el caso de corrupción administrativa conocido como Operación Cobra, ordenando su reclusión en los centros penitenciarios de Najayo Hombres y Najayo Mujeres.
La decisión fue adoptada por el juez Rigoberto Sena Ferreras, quien valoró la solidez de la investigación presentada por el órgano acusador y calificó los hechos como de extrema gravedad, según explicó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Junto a Hazim Albainy, deberán cumplir prisión preventiva Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, todos señalados como parte del entramado que habría defraudado recursos públicos destinados a los afiliados del SeNaSa.
En tanto, para los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el tribunal dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y la imposición de garantías económicas.
Durante declaraciones ofrecidas a la prensa, Camacho afirmó que el tribunal fundamentó su decisión en tres aspectos principales: la gravedad de los hechos, la contundencia de las pruebas aportadas y la colaboración brindada durante la investigación. Indicó que el juez llegó a calificar las acciones imputadas como “crueles”, “muy graves” y comparables a una “traición” al interés público.
El funcionario adelantó que el Ministerio Público trabaja en una versión 2.0 de la Operación Cobra, con el objetivo de procesar a otras personas físicas y jurídicas que habrían participado en el esquema fraudulento.
Asimismo, reafirmó la independencia del órgano persecutor y aseguró que continuará actuando “sin descanso” para que todos los responsables enfrenten la justicia por los daños ocasionados al patrimonio público.
Con esta decisión, los diez imputados quedan bajo algún tipo de restricción judicial, en uno de los casos de corrupción administrativa más relevantes conocidos en los últimos años en el sector salud.
