Un grupo de senadores y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) apoyaron que las plataformas digitales sean reguladas a través del proyecto de ley de libertad de expresión, en discusión en la Cámara Alta.
Esta posición predominó ayer, durante un encuentro entre la comisión que designó el presidente para elaborar el proyecto de ley y la comisión del Senado que estudia la propuesta, y contrasta con la postura del jurista Namphi Rodríguez.
Este presidió la comisión de abogados y comunicadores que elaboró la pieza a requerimiento del Poder Ejecutivo, y planteó que se excluyan los medios digitales para, posteriormente, elaborar una legislación específica sobre el tema.
Incluir las plataformas
En ese sentido, senadores como Antonio Taveras, de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno, y Félix Bautista, de la provincia San Juan por la Fuerza del Pueblo (FP), defendieron incluir los medios digitales en el proyecto, señalando que la regulación es un mandato constitucional cuando se trata de derechos fundamentales, como la libertad de expresión.
Ambos coincidieron en que el objetivo del proyecto no es censurar, sino garantizar este derecho en igualdad de condiciones y con responsabilidad, además de proteger a los ciudadanos de campañas de difamación sin fundamento, especialmente en entornos digitales.
De ahí que Taveras y Bautista reiteraron su rechazo a la idea de separar la regulación de los medios tradicionales y los digitales en proyectos legislativos distintos.
Escuchar a todos
Aunque se ha mostrado más neutral por su rol como presidenta de la comisión que revisa la propuesta de ley, la senadora Aracelis Villanueva, de San Pedro de Macorís por el PRM, dijo que es ese equipo que ella dirige el que tiene la última palabra sobre el tema, aunque se mostró abierta a escuchar a todos los sectores que serían impactados con la ley.
Villanueva dijo que respeta la postura de Namphi Rodríguez para que las plataformas sean excluidas del proyecto, pero recordó que el sentido de la ley es proteger a todos los involucrados por igual.
El CDP
A su vez, el presidente del CDP, Aurelio Henríquez, miembro de la comisión designada por Abinader, subrayó que el proyecto fue trabajado durante más de dos años y conllevó consultas a organismos internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
A su juicio, las críticas que surgen sobre la propuesta se originan por “el desconocimiento de los alcances del proyecto“, lo que podría superarse con una lectura más profunda y la difusión de los glosarios que acompañarán el texto.
Enfoque integrado
El abogado Eric Raful, quien es miembro de la comisión que elaboró el proyecto de ley, también participó en la reunión con el Senado y allí dijo que, a diferencia de la propuesta de Rodríguez que sugiere dividir la regulación entre medios tradicionales y digitales, el enfoque del proyecto es mantener una regulación integrada.
Esto, según afirmó, permite una protección más coherente y efectiva de todos los actores que forman parte del sistema comunicacional actual.
En ese sentido, el proyecto se enfoca en la regulación de las grandes plataformas digitales más que en los productores individuales de contenido, como youtubers o creadores independientes.
Estas plataformas grandes, según dijo Raful, ya están sometidas a regulaciones a nivel internacional, y el proyecto que se estudia en el Senado busca establecer un marco legal local que les exija mayor responsabilidad frente a las publicaciones dominicanas.
Leyes diferentes
En el encuentro, el abogado Namphi Rodríguez sostuvo que incluir las plataformas digitales en una misma ley con los medios tradicionales podría generar confusiones jurídicas y operativas.
Desde su rol como asesor, académico y abogado, propuso a la comisión de senadores que explore modelos regulatorios distintos para los medios tradicionales y los digitales, pero se mostró abierto a cualquier decisión de la comisión.
El futuro de la ley
Aunque el proyecto aún se encuentra en una fase muy temprana de estudio, el camino parece ser claro para el Congreso: mantener una nueva ley de expresión que incluya a las plataformas digitales.
