El Poder Ejecutivo de la República Dominicana ha dispuesto la extradición de dos ciudadanos dominicanos hacia los Estados Unidos de América, mediante los decretos 383-24 y 384-24.
Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán
El decreto 383-24 establece la extradición de Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, quien enfrenta acusaciones presentadas el 4 de enero de 2024 en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey. Rodríguez Guzmán está siendo imputado por asociación delictuosa para cometer fraude por medios electrónicos y por correo postal, así como por asociación delictuosa para lavado de activos derivados de fraude electrónico y postal.
Manuel Sánchez Pérez
Por otro lado, el decreto 384-24 dispone la extradición de Manuel Sánchez Pérez, cuya acusación formal fue presentada el 4 de mayo de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Sánchez Pérez está acusado de asociación delictuosa para poseer, con la intención de distribuir, cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína a bordo de un buque sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos. Asimismo, se le acusa de asociación delictuosa para distribuir, a sabiendas, cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína, con la intención, a sabiendas o teniendo motivos razonables para creer que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.
Compromiso con la Justicia Internacional
Estos decretos de extradición reflejan el compromiso del Poder Ejecutivo dominicano con la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el cumplimiento de la ley. La extradición de estos individuos busca asegurar que enfrenten la justicia por los delitos de los que se les acusa en los Estados Unidos.
El Poder Ejecutivo de la República Dominicana ha autorizado la extradición de Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Manuel Sánchez Pérez a los Estados Unidos, en respuesta a acusaciones de fraude electrónico y asociación delictuosa para traficar droga, respectivamente. Estos decretos reflejan el compromiso del gobierno dominicano con la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley y el combate al crimen organizado.
