La mitad de los brasileños apoya la idea de que el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro vaya a la cárcel por alentar los violentos ataques a las sedes de los tres poderes en Brasilia, en enero de 2023, por los cuales está siendo investigado.
El sondeo de la consultora Genial Quaest, divulgada por la revista Veja, revela que el 50 % de los encuestados consideraría justo un eventual encarcelamiento del exmandatario por esos hechos calificados como un intento de golpe de Estado, cuyas imágenes de la turba enfurecida arrasando el Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) dieron la vuelta al mundo.
Un 39 % consideraría injusto que Bolsonaro, que fue inhabilitado políticamente, terminara tras las rejas. La encuesta fue hecha entre el 25 y 27 de febrero, a raíz de la masiva manifestación en apoyo al exmandatario que fue celebrada el pasado domingo en Sao Paulo.
La encuesta, en la que participaron 2.000 personas y tiene un margen de error de 2,2 puntos porcentuales, también arroja otros resultados: el 47 % considera que Bolsonaro participó de un plan golpista para evitar la vuelta del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva al poder, contra un 40 % que lo niega.
“No es víctima de persecución”
Por otro lado, el 48 % considera que esa manifestación del domingo no influirá en las investigaciones que está llevando a cabo la Policía Federal (PF) y el 53 % niega que Bolsonaro esté siendo víctima de una persecución política, como él sostiene.
Hace semanas, en medio de las investigaciones, la Policía se presentó en la vivienda de veraneo del ultraderechista, le requisó el pasaporte y le prohibió mantener contacto con el resto de sospechosos.
Entre otras cosas, los agentes encontraron el video de una reunión en la que Bolsonaro pedía a sus ministros “actuar” antes de las elecciones de 2022, para no convertir a Brasil en “una gran guerrilla”.
La semana pasada, compareció ante la Policía pero decidió guardar silencio. Sus abogados alegan que el exmandatario nunca tuvo intención de dar un golpe de Estado.
Además del exmandatario, otras 22 personas, entre ellas ministros y militares, también son señaladas como sospechosas de intentar desestabilizar la democracia en el país.
