La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, amplió por ocho meses el plazo de investigación contra la presidenta, Dina Boluarte, por las muertes registradas durante las protestas antigubernamentales que se produjeron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
También está incluidos el premier, Alberto Otárola; su antecesor, Pedro Angulo Arana; el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta; el titular de Interior, Vicente Romero Fernández, y los exministros de la misma cartera César Augusto Cervantes y Víctor Rojas Herrera.
Todos son investigados por presunto delito de genocidio y homicidio calificado. Según informa el diario La República, la Fiscalía tomará declaración a 27 familiares de las víctimas, además de personas que resultaron heridas y testigos de lo ocurrido.
La decisión se tomó en víspera de que venciese el plazo para que Benavides comunicase si presentaba una denuncia constitucional contra la mandataria.
Al menos 67 muertes
En el marco de la investigación, el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, quien contradijo las declaraciones de la presidenta y aseguró que ella sí tenía conocimiento de las “acciones militares”, volverá a testificar.
Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, se desató una ola de manifestaciones en todo el territorio nacional, donde miles de personas tomaron las calles para exigir la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones, después de la destitución y encarcelamiento del mandatario Pedro Castillo.
La Policía Nacional, en coordinación con efectivos militares, reprimieron estas movilizaciones, mayormente en las provincias. El saldo fue de al menos 67 muertes, de las cuales, 49 se dieron tras enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Este mismo mes, Carlos Torres Rodríguez, uno de los abogados de los familiares de los fallecidos y heridos en las manifestaciones en la región peruana de Puno, denunció la demora de la Fiscalía de la Nación en el proceso investigativo.
