El Estado Dominicano, a través de la Dirección General de Bienes Nacionales, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, deberá de pagar 472 millones, 855 mil, 675 pesos por el uso de una porción de los terrenos del Estadio Olímpico Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Así lo determinó el fallo emitido por la jueza Luisa N. del Carmen Canaán de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo.
La entidad deberá “proceder al pago al pago en favor del señor (demandante) José Ramón Borrell Ponce”, de nacionalidad puertorriqueña, pero considerado, según el expediente, “heredero de patrimonio de su abuela, señora Altagracia Mercedes Pérez Saladín”.
Se espera que Bienes Nacionales apele la decisión del TSA dentro de los plazos establecidos.
La familia Borrell Ponce reclama 14 mil, 730.50 metros cuadrados, correspondientes al parcela “número 48-C” que se encuentra en el referido estadio y toca otras zonas de ese parque deportivo.
Originalmente, Borrell Ponce, a través de su representante había pedido el 1 de junio de 2022, un monto 38 mil millones de pesos.
El fallo también rechaza los medios de inadmisión propuestos por la Procuraduría General de la República, en representación del Estado, así como también por la Procuraduría General Administrativa.
En su segundo punto, “en cuanto a la forma, declara regular y válida la presente demanda en justiprecio, incoada por el señor José Ramón Borrell Ponce, en contra del Estado, representado por la Procuraduría General de la República; el Ministerio de Hacienda y el señor José Manuel Vicente; el Ministerio de Deportes y Recreación y (su ministro) el señor Francisco José Camacho Rivas; la Dirección General de Bienes Nacionales y el señor César Julio Cedeño Ávila y la Dirección de Impuestos Internos y el señor Luis Valdez Veras, por haber sido realizada de conformidad con las disposiciones que rigen la materia”.
El demandante es representado en el país por Luis Andrés de Jesús Pérez Saleta y en términos legales por la abogada Johnalba M. González Díaz.
La sentencia sobre la demanda fue emitida el pasado 24 de marzo.
El proceso de demanda en justiprecio comenzó el 24 de junio la jueza presidente de la Sala fijó audiencia pública para el 12 de julio de 2022.
Nueve meses después, la jueza falló a favor de los demandantes en unos terrenos cuya historia de disputa se narra desde la época de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo… y aun no termina.
