La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, recomendó este jueves al director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Mérido Torres, tomar una licencia en su cargo tras su mención en el supuesto caso de corrupción Operación Calamar.
“Por los años, por la canas, yo hubiera recomendado, que conociendo la actitud que tarde o temprano toma esta casa presidencial, yo hubiera pedido la licencia. Me acostumbro a decir lo que siento y lo que creo que es válido, pero yo creo que lo recomendable era liberar a una institución en la que tú crees, de toda contaminación que no sea la transparencia total”, declaró la funcionaria al ofrecer una rueda de prensa en el Palacio Nacional en la que presentó los resultados de la Cumbre por la Democracia.
A Torres se le vincula al supuesto beneficio de más de 32 millones de pesos por expropiación de terrenos públicos. El funcionario y aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Este ha dicho que no va a renunciar a su cargo.
En el expediente, el Ministerio Pública indica lo siguiente: “Tan pronto fue efectuado el requerimiento por el imputado Donald Guerrero Ortiz, al siguiente día, es decir, en fecha 14 de enero del año 2020, Emilio César Rivas Rodríguez en su condición de Director Nacional de Bienes Nacionales, firmó un acuerdo transaccional con los sucesores de Generosa Reyes O Ben, Dolores Reyes, Evarista Pérez Reyes y Pablo Reyes, Florencia Reyes, Agustina Reyes, Flor María Reyes, Moisés Reyes O Ben, Ricardo Reyes, Oliverto Reyes Lora y Domingo Reyes Mosquea, entiéndase los señores: Marcial Reyes, Francisca Reyes, Flor María Reyes, María Magdalena Reyes Natera, Isabel Mosquea Reyes, Thomas Reyes, quienes estuvieron representados por Marcial Reyes, Juana María Salomé Pérez de Aquino, Modesto Tejada Pérez, Porfiria Tejada Pérez, Pablo Junior Reyes Natera, Santa Leocadia Reyes Natera, Carolina Reyes Salvador, Jennifer Reyes Encarnación, Dionisia Reyes, Nicanor Reyes, Modesta Mosquea representada por Domingo Antonio Reyes García, Silveria Reyes Mosquea, Felicia Reyes Mosquea, el imputado Ángel Lockward Mella, en representación de Ángel Lockward & Asociados, S.R.L. y el Licenciado Mérido De Jesús Torres Espinal; supuestos propietarios de una porción de terreno en la Parcela 613, del Distrito Catastral núm. 32, municipio de Boca Chica”, asegura.
El Ministerio Público explica que en el indicado acuerdo transaccional, Emilio Rivas Rodríguez, en una cuestionable representación del interés del Estado dominicano a través de la Dirección General de Bienes Nacionales, acordó pagar a las personas mencionadas precedentemente, la suma de RD$1,288,365,750.00, con el fin de que estos dejaran sin efectos jurídicos todas las litis judiciales en curso y por venir, que enfrentaran a las partes suscribientes.
En agosto de 2022, según recogen publicaciones de esa fecha, Mérido Torres dijo que estaba dispuesto a acudir a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en caso de ser requerido para colaborar con las investigaciones. En ese momento, su nombre apareció entre los documentos que requirió la Pepca por caso Donald Guerrero.
Funcionarios no judicializados
Cuestionada sobre los funcionarios del gobierno que no han sido judicializados a pesar de sonar en distintos casos de corrupción, la directora de Ética expresó que “no se comparan 19 mil millones de pesos con una equivocación en la licitación de una compra que eliminó Compras y Contrataciones en el debido tiempo”.
Entiende que en el país existe una pasión por el correcto uso de los fondos públicos y vislumbra que esa necesidad es compartida.
Citó el caso del diputado por la provincia Santiago, Miguel Gutiérrez, preso por alegado narcotráfico y lavado de activos en los Estados Unidos, y dijo que ese apresamiento y deportación fue respaldada por este gobierno.
