El Senado volverá a conocer este martes el mismo proyecto de ley del Código Penal que en la legislatura pasada aprobó en dos lecturas, pero que no logró pasar la prueba en la Cámara de Diputados.
La Comisión Especial que designó el pleno de la cámara alta para estudiar la pieza rendirá un informe favorable con varias modificaciones, algunas de las cuales explicó el senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin Romero.
El informe fue aprobado a unanimidad en una reunión de cinco de los nueve miembros que componen la comisión. Los senadores presentes fueron, además de Romero, Antonio Taveras (PRM), Lía Díaz (PRM), Pedro Catrain (PRM) y Ramón Rogelio Genao (PRSC).
Los ausentes fueron Dionis Sánchez (de la Fuerza del Pueblo), Aris Yván Lorenzo (del Partido de la Liberación Dominicana), Virgilio Cedano (Fuerza del Pueblo) y Faride Raful (PRM).
Franklin Romero informó que los comisionados hicieron varios cambios a partir de “algunas sugerencias que ya había hecho la comisión de diputados que la estaban conociendo en la legislatura pasada”.
Aris Yván Lorenzo advirtió que la bancada del PLD va a exigir que se lea el proyecto completo, porque el presidente de la comisión llegó pasado el tiempo reglamentario al encuentro y cuando él abandonó el lugar supuestamente aprobaron en dos minutos el informe sin leerlo.
Sin embargo, el senador Romero aseguró que el mismo Lorenzo votó a favor de que solamente se leyeran y discutieran las modificaciones.
Puntos álgidos
Entre las variaciones estuvieron algunas correcciones de forma por errores mecanográficos y los artículos 123, 185, 189 y 298 en cuestiones que tienen que ver con la adición o el cambio de una palabra.
Sin embargo, sobre los temas controversiales que provocaron encendidos debates entre los diputados en la legislación pasada no se hizo ninguna cambio.
El diputado Horacio Rodríguez se opone a ese proyecto alegando que establece una prescriptibilidad de la corrupción de 20 años, delitos que deben ser imprescriptibles de acuerdo a tratados internacionales, y porque exime de responsabilidad penal la violencia intrafamiliar de padres contra hijos.
También se cuestiona la discriminación por orientación sexual, las relaciones sexuales en pareja no consentidas, la autoridad parental y los feminicidios.
