Este martes, la Fiscalía de Perú dispuso iniciar una investigación preliminar contra la presidenta, Dina Boluarte, por delitos de genocidio, homicidio y heridas graves en las protestas que sacudieron el país tras la destitución de Pedro Castillo como jefe del Estado.
Al mismo tiempo, miembros de su gabinete, como el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, también serán investigados. Además, el órgano dispuso el inicio de investigación contra Pedro Ángulo como expresidente del Consejo de Ministros y César Cervantes como exministro del Interior.
La medida se aplicará en relación con “los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Desde el inicio de las protestas nacionales en diciembre pasado, que exigen su renuncia, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la liberación del depuesto mandatario Pedro Castillo, el número de muertos ha superado los 40.
Cabe destacar que este lunes Boluarte, por su parte, aseguró que no entiende los motivos de las protestas en el departamento de Puno, en las que hasta el momento al menos 18 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. “¿En protesta de qué? No se está entendiendo claro qué están pidiendo […] Es un pretexto para seguir generando caos en las ciudades”, afirmó.
