El juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, ordenó que Guzmán, conocido como «Bibi», cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.
La decisión atendió la solicitud del Ministerio Público, que argumentó la gravedad de los hechos y el evidente riesgo de fuga si no se aplicaba la prisión preventiva como medida de coerción.
Cómo ocurrieron los hechos
Según el expediente instrumentado por la fiscal investigadora María Sánchez, Guzmán y otro individuo que permanece prófugo irrumpieron en la vivienda y sustrajeron joyas, dinero en efectivo y unos lentes. Tras el robo, llevaron a la adolescente a otro lugar, donde Guzmán la violó sexualmente.
Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que los imputados arrastraron a la víctima hasta el lugar donde se cometió la agresión sexual, evidencia que fue presentada durante la audiencia de medida de coerción.
Calificación jurídica y base legal
El fiscal litigante Tito Oseas González Ramírez representó al Ministerio Público en la audiencia y expuso ante el tribunal la magnitud de los delitos atribuidos al imputado.
El Ministerio Público asignó de forma provisional las calificaciones jurídicas contempladas en los artículos 135, 137 numerales 2 y 5, y 225 numerales 4, 6 y 9 numeral II del Código Penal Dominicano (Ley 74-25), así como en los artículos 12, 13, 14, 16, 18 y 396 literales a, b y c de la Ley 136-03, que instituye el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Un cómplice permanece prófugo
Las autoridades indicaron que la persona que acompañó a Guzmán durante el robo y el rapto de la menor se encuentra prófuga de la justicia. El Ministerio Público no precisó en la audiencia el estado de las diligencias para capturar al segundo imputado.
El caso continuará su trámite ante los tribunales competentes una vez concluya el período de la medida de coerción impuesta, durante el cual el Ministerio Público deberá presentar la acusación formal correspondiente.
