«Ministra Faride Raful, su silencio duele. Usted es mujer, fue legisladora, hablaba mucho de derechos… hoy calla y su silencio lastima a quienes esperamos de usted», declaró Martínez en sus pronunciamientos de este martes. La legisladora señaló que la inacción de la funcionaria resulta incomprensible dado su historial público de defensa de derechos.
Martínez aclaró que el incidente no constituye una acusación sin respaldo: afirmó que el maltrato recibido fue comprobado y expuesto públicamente, lo que, a su juicio, hace aún más inexplicable la falta de reacción institucional de la titular del Ministerio de Interior y Policía (MIP).
«No pido privilegio, exijo que se respete la ley»
La diputada fue enfática en desmarcar su reclamo de cualquier interpretación de trato preferencial. «No estoy pidiendo privilegio, no estoy exigiendo justicia, no busco venganza, exijo que se respete la ley», subrayó la legisladora, en referencia tanto a su condición de congresista como a los derechos que asisten a cualquier ciudadano frente a un agente del orden.
El caso coloca en el centro del debate la conducta de agentes policiales frente a funcionarios electos y, por extensión, frente a la ciudadanía en general. La Constitución dominicana reconoce la inviolabilidad de los legisladores en el ejercicio de sus funciones, y el Código Procesal Penal establece garantías específicas para cualquier persona detenida o interrogada por las fuerzas del orden.
Pedido formal al presidente Abinader y a la cúpula policial
Martínez dirigió sus exigencias a tres instancias del Estado. En primer lugar, solicitó al presidente Luis Abinader que intervenga para garantizar que la investigación sea exhaustiva e imparcial. En segundo lugar, emplazó al director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, a tomar medidas disciplinarias contra los agentes señalados. Finalmente, hizo un llamado directo al MIP para que aplique las sanciones correspondientes.
La ausencia de una respuesta pública de Faride Raful —quien antes de asumir la titularidad del MIP tuvo una trayectoria en el Senado donde frecuentemente abordó temas de derechos y garantías— ha generado sorpresa en sectores políticos y en la opinión pública dominicana.
El contexto: una denuncia con repercusión pública
Según lo expresado por la propia diputada, los hechos ya fueron documentados y difundidos, lo que confiere al caso una dimensión que trasciende la denuncia personal. La diputada fue agredida, esposada y humillada el pasado domingo 11 de octubre, tras intervenir en un arresto ilegal contra un ciudadano.
Los videos del arresto y el repudio social se han hecho viral y ha unificado a la clasr política nacional.
El episodio pone en discusión el protocolo de actuación policial ante legisladores y ciudadanos por igual, en un momento en que el debate sobre el uso de la fuerza y las garantías constitucionales ocupa un lugar destacado en la agenda pública del país.
