El avance en la clasificación internacional fue respaldado por una serie de medidas concretas que el Gobierno dominicano implementó en los ámbitos legal, judicial, laboral y de asistencia a víctimas durante el período evaluado por las autoridades estadounidenses.
Cambios legislativos alineados con estándares internacionales
Una de las acciones más destacadas fue la modificación de la Ley 137-03 contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas, cuya reforma eliminó el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en los delitos que involucran a menores de edad. Este ajuste alinea la legislación dominicana con los estándares internacionales en materia de explotación sexual infantil.
De forma complementaria, el Gobierno aprobó y financió con presupuesto nacional el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028. También adoptó la Resolución N.º 13-2024 para crear un procedimiento que permita entregar tarjetas de identificación a personas apátridas, un segmento especialmente vulnerable a este delito.
La modificación de la ley incluyó la consulta a organizaciones de la sociedad civil y a sobrevivientes de trata. Asimismo, se mantiene la aplicación del artículo 25 del Código de Protección de la Infancia de 2003, que penaliza la entrega o explotación de menores de 18 años con penas de 20 a 30 años de prisión.
229 investigaciones y procesos contra funcionarios implicados
En el plano judicial, las autoridades iniciaron 229 investigaciones por trata de personas y procesaron a 50 sospechosos bajo la ley especial. El informe también destaca la investigación de ocho funcionarios presuntamente cómplices, con procesos judiciales formales abiertos contra tres de ellos, incluyendo efectivos de las fuerzas de seguridad.
Este componente de depuración institucional fue subrayado por la Embajada de Estados Unidos como una señal del compromiso del Estado dominicano con la transparencia y la rendición de cuentas en el combate a este delito.
Más de 1,050 inspecciones laborales y formalización de trabajadores
El Ministerio de Trabajo intensificó las supervisiones en sectores identificados como vulnerables —agricultura, construcción e industria azucarera—, con un total de 1,050 inspecciones realizadas. Como resultado, se suspendieron las operaciones de 11 empresas privadas en las que se detectaron indicios de trabajo forzoso.
Un programa piloto de registro migratorio permitió formalizar a más de 7,400 trabajadores mediante contratos de trabajo, con el objetivo de reducir su vulnerabilidad y garantizar su libertad de movimiento dentro del territorio nacional.
136 víctimas identificadas recibieron atención integral del Estado
En cuanto a la protección y asistencia a víctimas, el Estado dominicano identificó 136 víctimas de trata, de las cuales 134 recibieron atención integral financiada con fondos públicos. Los servicios prestados incluyeron atención médica, apoyo psicológico, asesoría legal y traducción.
La Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) operaron de manera coordinada para mantener refugios especializados. Se garantizó la protección continua de víctimas y testigos durante los procesos judiciales, y se desarrollaron campañas preventivas multilingües junto con capacitaciones al personal del orden público.
