La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que la política impuesta por la administración Trump viola la ley federal de inmigración y socava la autoridad que el Congreso otorgó a los funcionarios consulares para decidir sobre la concesión de visados. La resolución representa el revés más reciente para la agenda migratoria del presidente.
La noticia generó alivio en varios países de América Latina incluidos en la lista, donde miles de familias y solicitantes de visa esperaban el resultado de la disputa judicial. Colombia, Cuba, Uruguay, Brasil, Guatemala, Haití y Nicaragua figuraban entre los afectados en la región.
Por qué la jueza consideró ilegal la medida
Vargas argumentó que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales al aplicar esta política. En su resolución, señaló que la medida «prohíbe categóricamente la emisión de visas de inmigrante en función de la nacionalidad del solicitante», lo cual constituye «una vulneración directa» del marco legal vigente, según informó la agencia Reuters.
La jueza también destacó que el Congreso de Estados Unidos otorgó a los funcionarios consulares «autoridad exclusiva y discrecionalidad para determinar si un inmigrante cumple los requisitos para obtener un visado, tras evaluar los criterios específicos y detallados establecidos por la ley». La política de Trump, según el fallo, usurpa esa potestad.
El argumento del gobierno de Trump
A principios de este año, la administración Trump justificó la suspensión de visados como una medida para poner fin al «abuso» del sistema migratorio por parte de personas que, según el gobierno, buscaban acceder a programas de asistencia social y beneficios públicos «a costa del pueblo estadounidense».
La lista de países afectados abarcaba naciones de diversas regiones del mundo. Además de los latinoamericanos, incluía a Somalia, Rusia, Afganistán, Irán e Irak, entre otros. En total, ciudadanos de 75 países vieron suspendida la tramitación de sus visados de inmigrante bajo esta política.
Un patrón de reveses judiciales para la política migratoria
Este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que han frenado o limitado las medidas migratorias de la administración Trump desde el inicio de su segundo mandato. Los tribunales federales han intervenido en reiteradas ocasiones ante impugnaciones legales presentadas por organizaciones civiles y gobiernos estatales.
La resolución de la jueza Vargas no cierra definitivamente el caso, ya que el gobierno federal puede apelar la decisión ante instancias superiores. Por el momento, la prohibición de visados queda sin efecto, lo que permite reanudar la tramitación para los ciudadanos de los países incluidos en la lista.
