SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez, reconocidos profesionales del periodismo y la producción televisiva, presentaron distintas querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por difamación e injuria en medios digitales.
Las querellas, algunas presentadas de manera individual y otras colectivas, han sido dirigidas contra cuatro ciudadanos que ejercen comunicación en redes sociales y medios digitales, Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.
Las acciones judiciales, han sido interpuesta con base a la violación a los límites que los derechos al buen nombre, y al honor fijan a la libertad de prensa y de expresión, de conformidad con la Constitución dominicana y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Los querellantes, asistidos por sus representantes legales aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.
Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves, afirmaron los abogados en una declaración de prensa.
El documento conjunto dirigido a los medios argumenta que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se aborden con argumentos y pruebas, no con agravios.
Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. “No puede confundirse la libertad con la impunidad”, expresaron.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.
