SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público de Santiago procedió este viernes con la destrucción de 90 máquinas tragamonedas que el organismo, junto a la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional, ha incautado en distintos operativos en establecimientos que no están autorizados para operar esos artefactos.
La directora de Investigaciones Especiales de la Fiscalía, procuradora fiscal Merary Guzmán, encabezó la acción junto al director de Asuntos Comunitarios de la fiscalía, Mario José Almonte, y el subdirector Regional del Dintel Cibao Central, teniente coronel Vladimir García Santos.
Guzmán enfatizó en que estas máquinas operaban en establecimientos como colmados, piscinas, colmadones, billares y otros que no están autorizados para operar estos aparatos, por cuanto han incurrido en violaciones a la Ley 96-88 que autoriza solo a los casinos de juegos a hacer uso de estas máquinas.
Las máquinas tragamonedas destruidas fueron ocupadas entre junio y septiembre de este año, en operativos focalizados, desarrollados en distintos sectores de la provincia, bajo la coordinación de la Fiscalía y con el apoyo del Dintel y la uniformada.
Los sectores recorridos fueron Nibaje, Ingenio Abajo; ensanche Bermúdez, Hato Mayor, Cristo Rey y La Unión, en Cienfuegos. En el municipio Villa Bisonó (Navarrete) el recorrido incluyó los barrios Panchito Martínez, Villa Duarte y La Altagracia, entre otros. Así también varias demarcaciones de los municipios Tamboril, Licey al Medio, Villa González y San José de las Matas.
El órgano persecutor reiteró su firme disposición de perseguir y procurar sanciones contra quienes violenten la norma, ya que el uso inadecuado de estos juegos, constituye un dolor de cabeza para muchas familias, por la disposición de los mismos en sus comunidades, atrayendo la atención de adolescentes y jóvenes a quienes afecta su sano desarrollo, por el círculo vicioso que los envuelve y que conlleva, en muchos de los casos, a la comisión de otros tipos penales.
La directora del Departamento de Investigaciones Especiales de la fiscalía, Merary Guzmán, subrayó que este proceso, además de que transparenta la labor del Ministerio Público, persigue crear conciencia en la ciudadanía, sobre todo en los dueños de colmados, para que estén advertidos de lo que establece la Ley 96-88, en su artículo 7, párrafo, donde impone varias sanciones represivas y multas, así como el cierre temporal del negocio.
Guzmán destacó que la Fiscalía de Santiago sentó un precedente al someter a la justicia a dos hombres que cometieron el delito de contrabando de máquinas tragamonedas, luego de que fueran sorprendidos trasladando varias de estas desde Santo Domingo hasta Santiago.
De acuerdo con la resolución penal No. 01874-2025, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso contra Eduardo Castillo Hernández y Juan Antonio Jiménez Rincón, a solicitud de la fiscalía, medidas de coerción consistentes en una garantía económica por el monto de RD$5,000 pesos y presentación periódica, por violación de los artículos 34, párrafo 1 y 2, y el artículo 36, párrafo 6, de la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.
Se le atribuye, además, la violación a la Ley 29-06 que modifica varios artículos de la Ley 351-64, que autoriza la expedición de licencias para el establecimiento de juegos de azar.
Por violación también a la resolución número 093-2021 que establece los requisitos para el otorgamiento de licencias de fabricación de máquinas tragamonedas; violación al reglamento 252-89 (de la ley 96-88) para la operación y funcionamiento de las máquinas tragamonedas en perjuicio del Estado dominicano.
