Emmanuel Esquea Guerrero, abogado que representa al Estado dominicano en la demanda contra la empresa Sargeant Petroleum y el empresario Mustafá Abu Naba’a por los contratos suscritos con el Gobierno dominicano en los años 2003 y 2013 para cemento asfáltico, considera que el caso “es una vagabundería, de la corrupción del Gobierno pasado”.
El recurso contencioso administrativo elevado ante el Tribunal Superior Administrativo que busca que Sargeant Petroleum devuelva al Estado dominicano la suma de 177 millones de dólares, señala que en la licitación ganada en el año 2003 (durante el Gobierno de Hipólito Mejía), el consorcio Sargeant, que transportaba y almacenaba AC-30 desde Venezuela, hizo una oferta a Obras Públicas en la cual ofrecía transportar a un costo de 0.14 dólares y almacenar a 0.14 dólares el galón de AC-30, para un costo total de 0.28 dólares el galón. Pero, según la acusación, en la tarifa que se incluyó en dicho contrato, el costo por galón transportado y almacenado fue de 0.5418 dólares, de los cuales 0.3618 eran por concepto de transporte y 0.18 por almacenaje, en vez de la oferta anterior que había sido la declarada ganadora.
El recurso contencioso indica que lo mismo ocurrió con el tiempo de contrato que pasó de dos a ocho años.
Según Esquea Guerrero, los contratos se pudieron realizar porque contaron con “una connivencia con los secretarios de Obras Públicas pasados”, con la intención de “estafar al Estado”.
“Cada vez que había un nuevo ministro de Obras Públicas le ponían algo nuevo”, dijo al referirse al expediente llevado ante el Ministerio Público.
Se repitió en 2013
El documento elaborado por la oficina de Abogados Esquea Valenzuela argumenta que en agosto de 2012 el Estado y Sargeant suscribieron al citado contrato la adenda XII en la que ambas partes acordaron que de una deuda del Estado, que alcanza la suma de US$15,664,570.44, Obras Públicas pagaría, de manera inmediata y directa, la suma de US$11,600,000.00 y la cantidad restante mediante la cesión a la empresa de productos asfálticos de su propiedad, por un monto de US$4,064,750.44, calculados al mismo precio de adquisición de Refidomsa. Asimismo, por compensación y almacenamiento, la empresa Sargeant Petroleum daría almacenamiento y manejo gratuito al Ministerio, por la cantidad de 4,067,094.72 galones, que a un costo de US$0.75 por galón USA, equivale a la suma de US$3,050,321.04.
Y acordaban que el contrato constituía en sí mismo una cesión de derechos sobre los productos asfálticos propiedad del Ministerio que era traspasada a Sargeant Petroleum en pago de la suma adeudada de US$4,064,750.44.
Sin embargo, la oficina de abogados señala que «apenas 10 días después”, fue suscrita la alegada Adenda No. XIII en la cual se pretendió imponer al Estado el pago de US$0.10 por galón de AC-30 importado; dejar sin efecto el descuento de US$0.20 por galón, establecido en la Factura No. 2009-063, la cual ya había sido pagada; y extender la duración del contrato del 26 de febrero del 2003 imponiendo el pago de un depósito ficticio (“depósito sombra”) de 1,260,000 galones mensuales (US$945,000.00) alegando la falsedad de que el Estado se había comprometido a pagar el depósito de 74.5 millones de galones de Cemento Asfáltico AC-30″.
Además de la intención del Estado para que se le devuelva la suma de 177 millones de dólares, solicitó que se declare la nulidad de los contrato No.25-2003, el firmado el 14 de agosto de 2012, denominado adenda XIII y el No. 13-2013, del 10 de mayo de 2013.
Esperando que se fije audiencia
El abogado Emmanuel Esquea Guerrero dijo que a pesar de que el recurso contencioso administrativo fue depositado con fecha del 25 de julio del año en curso, aún están esperando que se fije la primera audiencia. «Nosotros estamos esperando cuatro meses que se fije audiencia», señaló el abogado. Se recuerda que este expediente se conoce luego de que Diario Libre revelara que la empresa Sargeant Petroleum LLC solicitó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial un proceso de arbitraje contra la República Dominicana por la terminación del acuerdo. El 28 de octubre el CIADI conformó el tribunal de arbitraje que será constituido por la suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler, como presidenta, y los árbitros David R. Haigh, canadiense y propuesto por la parte reclamante, y el francés Alexis Mourre, propuesto por la parte reclamada.
