El abogado Miguel Valerio, representante legal de la ministra Faride Raful, afirmó que la querella interpuesta no está vinculada a aspectos personales de la funcionaria, sino a la difusión de informaciones “completamente falsas” que, según él, buscan perjudicar su imagen pública.
Valerio explicó que el objetivo principal de esta acción judicial es establecer un precedente frente a la facilidad con la que se difunden noticias falsas en las plataformas digitales. La demanda contempla una indemnización de 50 millones de pesos por cada imputado, monto que, dijo, está directamente relacionado con el modelo económico de los creadores de contenido en redes.
“Cada vista en YouTube, cada like, cada repost en X, Instagram o TikTok representa ingresos. Esto no se trata solo de libertad de expresión; hay una responsabilidad ética de decir la verdad”, subrayó.
La querella y los cargos
La querella fue depositada el pasado 30 de mayo ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y está sustentada en la supuesta violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, así como al artículo 367 del Código Penal Dominicano.
Entre las acusaciones se incluyen difamación, daño moral y la difusión de afirmaciones falsas que vinculan a la ministra con actividades ilegales y conductas personales inapropiadas.
Falsedades graves: video íntimo y vínculo con narcotráfico
Valerio detalló que los principales elementos de la querella se basan en dos alegatos falsos: la divulgación de un supuesto video íntimo, y la acusación de que Raful habría asignado seguridad policial a un narcotraficante.
Sobre el primer punto, dijo:
“Eso lo veo en el ánimo de la ‘My Deplay’, porque ahora todo se ha normalizado en una sociedad donde no asumimos responsabilidades frente a este tipo de medios, que lamentablemente son espacios que yo apoyo…”
Con respecto a la segunda acusación, expresó que se trata de un ataque a su ejercicio público:
“Se afirmó que como ministra le asignó seguridad a un narcotraficante, lo cual es totalmente falso. Eso cambia el juego porque atenta contra su rol institucional”.
“Una excusa no repara el daño”
El abogado también reaccionó a las disculpas públicas ofrecidas por los comunicadores Ingrid Jorge y Ángel Martínez, a quienes calificó como responsables directos del daño causado.
“Ayer vi a esta joven decir que un fiscal la indujo, que fue parte de un ataque. Y el otro señor también pidió excusas. Pero basta ya. Una disculpa no repara el daño”, expresó con firmeza.
Valerio insistió en que la única vía legal para resarcir el daño causado por este tipo de campañas es la compensación económica.
“Lamentablemente, en este tipo de casos, la única manera de reparar el daño es con dinero”, sentenció.
Intención dolosa y posible financiamiento externo
El jurista también indicó que existen indicios de que los querellados actuaron con intención dolosa, lo que agrava su situación legal. Mencionó la posibilidad de que haya personas o grupos detrás del financiamiento de la campaña difamatoria.
“Si hubo quienes financiaron esta campaña, serán investigados. Hay que saber por qué lo hicieron y con qué fines”, advirtió.
