El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó este viernes la versión final del proyecto de ley conocido como Ficha Limpia, que será presentado en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso a partir del próximo lunes. Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.
¿Qué establece el proyecto?
El proyecto establece que quienes hayan sido condenados en primera y segunda instancia por delitos de corrupción en la función pública y en perjuicio de la administración estatal durante el año electoral vigente quedarán impedidos de postularse para cargos electivos. Además, dispone que la inelegibilidad entre en vigencia a partir de la sentencia, siempre que esta se dicte antes del inicio del año electoral.
En caso de aprobarse, la medida impactaría directamente en la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien fue condenada en 2024, imposibilitándola de competir por cualquiera de los 151 cargos en disputa en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Impacto en el sector público
La normativa también extiende las restricciones a nombramientos en el sector ejecutivo, impidiendo que personas condenadas por corrupción ocupen los cargos de jefe de Gabinete de Ministros, ministro, secretario, subsecretario y posiciones similares. Según señala el texto, la ley pretende garantizar la idoneidad para ocupar puestos públicos, tal como lo consagra la Constitución Nacional.
“Un paso hacia la transparencia”
El gobierno de Milei considera que la iniciativa es un paso importante para combatir la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones democráticas. “Contribuye de manera concreta a dotar de operatividad al mandato constitucional que exige idoneidad como único requisito para ejercer un empleo público”, destacó un comunicado oficial.
Repercusiones políticas
El proyecto Ficha Limpia ha generado tensión en el ámbito político, dado que su implementación podría modificar significativamente el panorama electoral de cara a los comicios legislativos. Mientras algunos sectores celebran la iniciativa como un avance hacia la transparencia, otros la consideran una herramienta política para excluir a figuras relevantes de la oposición.
El debate en el Congreso promete ser árido, con opositores denunciando un intento de persecución política y oficialistas defendiendo la necesidad de “frenar la impunidad”.
