El Gobierno de República Dominicana ha salido al paso de las declaraciones emitidas por Venezuela tras la incautación del avión presidencial de Nicolás Maduro, aclarando que no tuvo participación en la investigación que llevó a la confiscación de la aeronave por parte de las autoridades estadounidenses.
En una rueda de prensa, el ministro de Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, explicó que la única acción tomada por el gobierno dominicano fue en respuesta a una solicitud de cooperación jurídica internacional presentada en mayo. Dicha solicitud pedía la “inmovilización o secuestro” del avión modelo Dassault Falcon 900EX, utilizado por el presidente venezolano.
Detalles de la Cooperación Jurídica
Álvarez destacó que la solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU. especificaba que el objetivo era “realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos”. Sin embargo, el ministro fue claro al afirmar que “ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado en el proceso de investigación de EE.UU. Solamente se requirió esa cooperación jurídica internacional”.
El canciller añadió que fueron los tribunales dominicanos quienes verificaron los méritos de la solicitud de secuestro de la aeronave. “El Ministerio Público tiene autonomía y estos son asuntos en los que el gobierno central no opina”, puntualizó.
Venezuela Denuncia “Piratería”
Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha denunciado esta acción como un acto de “piratería”. En un comunicado, el canciller venezolano, Yván Gil, declaró que la confiscación es parte de una “práctica criminal reincidente” de EE.UU., justificándose en “medidas coercitivas que, de manera unilateral e ilegal, impone alrededor del mundo”.
Venezuela también acusó a EE.UU. de utilizar su poderío económico y militar para “amedrentar y presionar a Estados como el de República Dominicana para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales”.
La Reacción de República Dominicana
El ministro Álvarez destacó que la aeronave se encontraba en territorio dominicano para labores de mantenimiento, algo que describió como “bastante normal”, dada la calidad de los servicios de mantenimiento de aeronaves en el país. Además, aclaró que una orden judicial emitida el 22 de mayo autorizó la inmovilización del avión, y otra orden judicial, recibida el 2 de septiembre, permitió su entrega a EE.UU.
