El gobierno de Estados Unidos incautó el avión presidencial venezolano, un Dassault Falcon 900EX, en República Dominicana, argumentando que su compra violaba las sanciones impuestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. La aeronave fue trasladada al Distrito Sur del estado de Florida, según confirmó el Departamento de Justicia estadounidense.
De acuerdo con el fiscal general de EE.UU., Merrick B. Garland, la aeronave fue adquirida “ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma” y “sacada de contrabando de EE.UU.” para ser utilizada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Garland agregó que el Departamento de Justicia continuará persiguiendo a quienes violen las sanciones estadounidenses para evitar que utilicen recursos del país norteamericano en detrimento de su seguridad nacional.
Agradecimientos a República Dominicana
La operación de incautación contó con la participación del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad, y el Departamento de Justicia de EE.UU., según reportó CNN. Matthew S. Axelrod, subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, declaró que esta incautación debe enviar “un mensaje claro” de que las aeronaves adquiridas ilegalmente en EE.UU. para beneficio de funcionarios sancionados “no pueden simplemente desaparecer”.
Markenzy Lapointe, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, destacó la “planificación, coordinación y ejecución” de la operación, agradeciendo la “inestimable asistencia de las autoridades de la República Dominicana”.
Respuesta de Caracas
Tras la incautación del avión, el gobierno venezolano calificó la acción como un acto de “piratería”. En un comunicado emitido a través de Telegram por el canciller Yván Gil, Caracas denunció que Estados Unidos, en una “práctica criminal reincidente”, ha confiscado ilegalmente una aeronave justificándose en “medidas coercitivas unilaterales e ilegales”.
El gobierno venezolano sostiene que esta incautación no es un incidente aislado, sino parte de una serie de acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, advirtió que se reserva el derecho de tomar acciones legales para reparar el daño causado.
Precedentes de Confiscaciones
No es la primera vez que Venezuela enfrenta la confiscación de sus activos en el extranjero. En junio de 2022, un Boeing 747-300 fue retenido en Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández y entregado recientemente a EE.UU. por la administración de Javier Milei. Esta acción fue denunciada por Caracas como un “secuestro” y un “robo descarado”.
En febrero, circularon imágenes en redes sociales que mostraban el avión de carga de la Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur), una filial de la estatal venezolana Conviasa, desmantelado en EE.UU., lo que generó fuertes críticas por parte del gobierno venezolano.
