Dr. Isaías Ramos
Al inicio de esta semana, el presidente de la República anunció la creación de una unidad antifraude con el fin de investigar casos de defraudación al Estado. Esta iniciativa, en cualquier país del mundo que haya sido víctima de robo y saqueo tan brutal como ha sucedido a nuestra nación, generaría una enorme esperanza en la población que anhela un país más transparente y justo.
Sin embargo, la realidad es que esta clase política que nos ha estado gobernando por más de 27 años se caracteriza por prometer y no cumplir. Han secuestrado los poderes fácticos y los han puesto a su servicio particular donde han robado, saqueado y endeudado a la nación como nunca antes.
Desde 1996, el país ha sido víctima de una élite política y económica corrupta. Sus acciones denotan irrespeto y desprecio hacia el pueblo, así como un antipatriotismo que asusta.
Vamos a tomarle la palabra al presidente: ¡que comience pasando a esa unidad antifraude el adefesio recién firmado con AERODOM para que tipifiquen este “contrato”! Según él, representa 775 millones por la concesión de nuestros aeropuertos por 37 años; esto significa que nuestro país dejará de percibir durante esos años más de 25 mil millones de dólares e incluso podría comprometer nuestra soberanía financiera.
Me pregunto, si estos aeropuertos fueran propiedad privada, ¿habrían hecho ese “negocio”? Si las empresas estatales timadas a través de la ley 141-97 hubiesen sido privadas, ¿se habría realizado ese latrocinio? Si nuestra minería, en especial el oro que explota Barrick Gold, tuviera defensores y no depredadores, ¿se llevarían nuestra riqueza a ese precio? ¿Habrían existido concesiones como el “peaje sombra” que le costó a este sufrido pueblo más de 2 mil millones de dólares? Estos son solo ejemplos de decenas de contratos firmados en diferentes gobiernos que han significado grandes saqueos para el pueblo dominicano.
En muchos casos, se han entregado nuestros recursos de manera tan abusiva que incluso la propia inversión realizada que va a costo del pueblo. Como ocurrió con Barrick Gold, donde la supuesta inversión fue superior a los 3500 millones de dólares, aceptándola como buena y válida sin siquiera una auditoría y sin importarle el impacto ambiental ni los beneficios reales para nuestra nación. Es fundamental cuestionar, analizar e investigar si estas decisiones fueron tomadas pensando en el interés del pueblo dominicano o si solo obedecieron a intereses particulares. El pueblo dominicano está tomando conciencia del modus operandi de esta élite política: generar falsas esperanzas para continuar robando, saqueando y endeudando.
Sin embargo, en el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que toda esta manipulación y engaño está despertando a un pueblo que ya ha agotado su esperanza con estos políticos corruptos y pronto luchará por recuperar su dignidad y sus bienes robados. Este país merece mejor suerte y un futuro donde todos sus bienes públicos sean gestionados con integridad, pensando siempre en el bienestar colectivo. Estamos seguros de que juntos lo vamos lograr!
