Santo Domingo. – El Ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, en condición de presidente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), encabezó la LIII Reunión Ordinaria del Consejo Directivo, celebrada en Varadero, Cuba.
Durante el encuentro, que se desarrolla en el marco del XXVIII Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública, Castillo Lugo dirigió la presentación del plan de trabajo para el año 2024, así como el proceso de votación para la elección de la nueva presidencia y secretaría general de ese organismo.
En ese sentido, la República Dominicana traspasa la presidencia del CLAD a la República Federativa de Brasil, representada por la ministra de Gestión del Servicio Público e Innovación, Esther Dweck, que la ocupará por el período 2023-2025.
De igual forma, Brasil fue seleccionada a unanimidad como próxima sede del Congreso del CLAD, que se celebrará en el 2024.
El Consejo Directivo escogió, asimismo, al nuevo secretario general de la organización internacional, donde se presentaron candidatos de Perú, Guatemala, Uruguay y Bolivia. El resultado declaró ganador al representante de Uruguay, Conrado Ramos.
Durante la LIII reunión fue aprobada la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública, presentada por el doctor J. Ignacio Criado, de la Universidad Autónoma de Madrid.
Los representantes de los países miembros del CLAD expresaron palabras de agradecimiento y felicitación a la República Dominicana, en la persona del ministro Castillo Lugo, por su excelente gestión al frente del organismo internacional y sus aportes al proceso de fortalecimiento y transformación de la Administración pública de la región.
Se recuerda que la República Dominicana fue escogida a unanimidad para ocupar la presidencia del CLAD, en el año 2021.
Sobre el CLAD
El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo es un organismo público internacional, de carácter intergubernamental. Este se constituyó en el año 1972 y su creación fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad, la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. El organismo cuenta con 23 países miembros plenos y uno observador.
