El Ministerio de Educación convocó a una “Manifestación de Interés” para todos los interesados en participar en un proceso de contratación de servicios de impresión para los libros de texto de los grados pre kinder, kinder, pre primario, primario y secundario”.
El llamado a “manifestar interés” en participar en la licitación informa que se imprimirán más de 13 millones de libros de texto de los que elaboran las universidades, academias y otras instituciones, luego de que el Minerd decidiera formar una unidad interna editorial después de que el Consejo Nacional de Educación aprobara la Ordenanza 03-2022 que “establece la Preparación de Contenidos, Estrategias, Materiales y Recursos para el Aprendizaje”.
Desde la institución se confirmó la apertura del proceso, en previsión al tiempo que se toman estos procesos y puntualizando que los libros todavía no están listos. En el pliego de esta “manifestación de Interés” que se debe cumplimentar para participar después en la licitación, se especifica que solo los habilitados por el Minerd en esta primera fase recibirán los requerimientos y condiciones de la licitación para la impresión “sujeto a la firma previa de acuerdo de CONFIDENCIALIDAD ((sic))”. En otros procesos esta información era pública.
En los tribunales
La Editora Casa Duarte ha demandado al ministerio ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en busca de la nulidad de la Ordenanza 03-2022, ya que alega que viola preceptos constitucionales y varias disposiciones legales y considera que la convocatoria es una improvisación. El 21 de abril el TSA ha convocado a una audiencia sobre el caso.
“El Minerd sigue improvisando. Aún no ha terminado de elaborar los libros, y a pesar de ello pretende hacer una licitación sin tener los contenidos aprobados, que serán impresos. Ahora ha publicado una convocatoria a “manifestación de interés”, un documento donde admite que el ministerio no tiene información ni garantía sobre la posibilidad de que se puedan imprimir los libros a tiempo ni el costo estimado”, manifestó la casa editora.
El Minerd
Educación argumenta que entre las funciones principales que desempeña se encuentra revisar periódicamente los currículos de todos los niveles preuniversitarios y asegurar su plena implementación, con el fin de garantizar su pertinencia con el desarrollo de capacidades para el aprendizaje continuo, y la formación en valores y principios éticos.
“Para cumplir con este objetivo, es necesario que, los instrumentos de enseñanza utilizados sean elaborados con los más altos estándares de calidad, seguridad y modernidad. Asimismo, es deber de la institución garantizar a los estudiantes preuniversitarios de la satisfacción oportuna de poseer estos documentos curriculares de la manera más expedita”. En ese sentido, explica que a través de varias instituciones universitarias ha realizado una actualización del contenido de los libros de texto de los grados antes citados, y por tanto, se debe contratar el servicio de impresión de esos libros, para lo cual es necesario conocer el universo de posibles oferentes que disponen de la maquinaria y talleres necesarios para ofrecer este servicio en el tiempo estipulado y volumen requerido. Indica que parte de los estudios previos y levantamiento de información servirán para determinar la modalidad de la contratación a ser utilizada.
Afirma se improvisa
Casa Duarte considera que la convocatoria a manifestación de interés publicada por el Minerd es un proceso totalmente irregular, no previsto en la Ley 340-06, y en este caso contempla especie de una precalificación, limitando la participación y la libre competencia que debe reinar en una eventual licitación. Afirma que el resultado de esta evaluación anticipada será excluyente de futuros oferentes en un futuro proceso de licitación, violando, una vez más, la ley 340-06.
“Los libros que serían licitados no existen, y están lejos de estar listos. Todas estas premisas crean más contingencias legales a todos los actores que están, probablemente de buena fe, actuando al margen de la ley”, agrega la editora. Entiende, además, que no existe seguridad jurídica en las acciones del Minerd. Los contratos se firman y luego se desconocen, las resoluciones se emiten y luego se ignoran.
“El Minerd continúa el camino de la estatización de la industria editorial del sector público, al margen de las leyes, sin ningún tipo de diálogo, en función del capricho del ministro de turno. El Minerd continúa improvisando con el 4%, mientras los estudiantes de secundaria del sector público siguen sin libros desde 2019. El MINERD sigue violando la Ley 340-06 y la Ley del Libro 502-08, dando privilegios a universidades y academias, mediante contratos de grado a grado”, concluyó.
