En Canchis, el puente Arturo amaneció cubierto con montículos de tierra y piedras. No hay paso de Cusco a Puno y Arequipa, de acuerdo con reportes de la prensa local.
En las provincias de Canchis y Espinar, en el departamento de Cusco, se reiniciaron la madrugada de este lunes las protestas contra el Gobierno de Perú y exigir la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte, mientras en Lima se espera una nueva jornada de protesta.
En Canchis, el puente Arturo amaneció cubierto con montículos de tierra y piedras. No hay paso de Cusco a Puno y Arequipa, de acuerdo con reportes de la prensa local.
El Comité de Lucha Provincial de Espinar Cusco y sus diferentes organizaciones sociales llegaron al acuerdo de reiniciar la huelga a partir de este lunes 6 de marzo contra el régimen de Boluarte.
En el encuentro en Apurímac participaron dirigentes de las regiones de Puno, Arequipa, Moquegua, Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Ayacucho.
Dirigentes de los Frentes de Organizaciones Populares de Puno declararon a la presidenta Dina Boluarte como enemiga del pueblo, tras el asesinato de 21 peruanos en la zona y reiteraron su pedido para que renuncie.
Hace dos dìas, desde Puno se reportó el incendio de la Comisaría de Juli, tras la violenta represión de los miembros del Ejército de Perú contra pobladores que exigían la renuncia de Dina Boluarte. Al momento se tiene conocimiento de cinco heridos.
La región altiplianica de Puno, frontera con Bolivia, cumple una huelga prolongada hace un mes.
Las protestas, que demandan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y se iniciaron hace casi tres meses, han registrado 48 muertes en disturbios, en su mayoría por proyectiles de armas de fuego.
Por otra parte desde Ginebra, Suiza, un grupo de expertos de las Naciones Unidas pidió el fin de la violencia en Perú, expresó su preocupación por las denuncias de represión, asesinatos arbitrarios, arrestos y detenciones en el país e instó a las autoridades peruanas a “establecer un diálogo genuino con el pueblo”.
“En cualquier sociedad democrática la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia”, dijeron los expertos.
Consideraron que las aspiraciones de los manifestantes deben tenerse en cuenta en el diálogo que pueda establecerse para acabar con las protestas en el país.
El grupo de expertos de la ONU se hizo eco del último informe de la Defensoría del Pueblo peruana, que ha registrado 48 muertes y 1.301 heridos en el país desde que comenzasen las protestas en diciembre, tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo por su intento de cerrar el Congreso y gobernar por decreto.
